Un grupo de activistas de Ecologistas en Acción han visitado la depuradora de aguas residuales de Palos de la Frontera, para constatar su "total inactividad", lo que provoca "el vertido sin tratamiento de sus aguas residuales", según denuncian en un comunicado.
Tras el análisis de los datos últimos de depuración aportados por la Consejería de Medio Ambiente, responsable de la supervisión de las aguas residuales de los ayuntamientos andaluces, Ecologistas en Acción ha comprobado que importantes ayuntamientos de la provincia onubense "no depuran en absoluto" sus aguas residuales. "Isla Cristina, Mazagón y Palos de Frontera, son los ejemplos más significativos de incumplimiento de la legalidad vigente en materia de tratamiento de aguas residuales y conservación de las masas de agua y de los ecosistemas acuáticos".
La organización asegura que "llama poderosamente la atención cómo el cuidado del medio ambiente no entra a formar parte de las prioridades del ayuntamiento de Palos de la Frontera, el más rico de la provincia, según las informaciones aparecidas en los medios informativos". Pese a esto, "este ayuntamiento se permite construir y mantener en los últimos años una plaza de toros, promocionar y subvencionar todo tipo de festejos y sin embargo, no es capaz de mantener activa su depuradora, dejando de prestar un servicio ambiental de primera necesidad al que legalmente están obligados, como es la depuración de sus aguas residuales".
Además, lamentan que "en los últimos meses el Gobierno de España ha tenido que pagar cantidades muy importantes en concepto de multa a la Unión Europea por la falta de depuración de aguas residuales de muchos de sus ayuntamientos, actividad para la que se han recibido importantes cantidades de subvenciones económicas y ayudas europeas, por las que lógicamente ahora se exigen resultados".
Por ello, en defensa de la legalidad ambiental y del cumplimiento de las obligaciones en materia de agua, Ecologistas en Acción se ha dirigido a la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva de la Junta de Andalucía, responsable de la supervisión y control de los vertidos, solicitando información de los expedientes sancionadores abiertos y ejecutados en la provincia por problemas con la depuración de sus aguas residuales y seguirá exigiendo "responsabilidad completa en el uso y resultados de fondos públicos destinados a la conservación y mejora de la salud ambiental de nuestros ríos, humedales y aguas costeras".
