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Huelva

Juzgan a dos empresarios y su contacto por favorecer la inmigración ilegal

En la vista, que se celebrará en la Sección Tercera de la Audiencia, los acusados tendrán que hacer frente a una petición de condena de siete años de prisión, solicitada por la Fiscalía, al que I.G.M. suma un año más por un delito de amenazas

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Dos empresarios españoles, que responden a las iniciales, I.G.M. y J.F.M., y R.K., su contacto en Marruecos serán juzgados a partir de mañana en la Audiencia Provincial de Huelva por favorecer la inmigración ilegal en España al facilitar la entrada y permanencia en el país a dos ciudadanos de Marruecos.

En la vista, que se celebrará en la Sección Tercera de la Audiencia, los acusados tendrán que hacer frente a una petición de condena de siete años de prisión, solicitada por la Fiscalía, al que I.G.M. suma un año más por un delito de amenazas.

Los hechos por los que se juzga a estas tres personas tienen su origen en diciembre de 2008 cuando los dos ciudadanos marroquíes G.A. y R.T. contactaron en Marruecos con el acusado R.K., que les propuso la posibilidad de emigrar a España para lo que se encargaría de gestionar la documentación necesaria a cambio de 9.000 euros.

El día 6 de julio de 2009 entraron en España y fueron a residir unos días a Punta Umbría (Huelva), a casa de R.K., al que le abonaron el dinero acordado.

Posteriormente, les facilitaron un contrato de trabajo a nombre de una empresa propiedad del acusado I.G.M, en la que nunca realizaron trabajo alguno, por lo que considera la Fiscalía que los acusados utilizaron ese artificio jurídico para lograr fraudulentamente su permanencia en España.

Los perjudicados estaban obligados a abonarles la cantidad de 255 euros mensuales que les pidieron en concepto de "cotizaciones sociales".

El día 16 de febrero de 2010 se produjo una discusión en una gestoría de Punta Umbría entre I.G.A y los ciudadanos marroquíes, en la que también estaba presente el empresario J.F.M, por incidencias en el contrato de trabajo que el acusado había proporcionado a G.A. quien le solicitó poder abonar por su cuenta las cotizaciones sociales correspondientes a dos meses para poder beneficiarse de ciertas ayudas públicas.

La negativa del empresario vino seguida de la oposición de G.A. a firmar ninguna de las seis nóminas anteriores y el finiquito que le proponía, a lo que I.G.M. respondió sacando una pistola simulada y amenazando a los dos perjudicados que salieron corriendo.

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