El sector de Enseñanza del sindicato CSI-F ha solicitado a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que devuelva, con carácter inmediato, las tasas que abonaron los aspirantes para las oposiciones de 2012 tras la suspensión del proceso selectivo dictado por el Tribunal Constitucional. El pasado 13 de febrero de 2012 la Consejería realizó la convocatoria para acceder a los cuerpos de Enseñanza Secundaria, profesores técnicos de Formación Profesional y a las enseñanzas de Régimen Especial en la que se matricularon más de 33.000 opositores, de los que más de 3.000 pertenecían a la provincia de Huelva. Todos ellos pagaron sus tasas correspondientes: 77,10 euros en el caso de Secundaria y 69,34 euros para FP.
Este proceso selectivo -que estaba marcado por la confrontación política- no se celebró porque el Ministerio de Hacienda lo recurrió ante el Tribunal Constitucional y esto implicó la suspensión cautelar automática. Quedaba, entonces, conocer el pronunciamiento del alto Tribunal para saber si la convocatoria seguía su curso o por el contrario se paralizaba de forma definitiva.
En el mes de septiembre el Tribunal Constitucional dictó un auto que mantenía la suspensión del proceso, aunque no haya dictado la correspondiente sentencia. Esta actuación ha supuesto “un duro revés”, según CSI-F, para las expectativas de miles de opositores dejando este proceso en compás de espera “previsiblemente durante muchos años”. La realidad es que las oposiciones no se van a celebrar y que los más de 3.000 aspirantes de la provincia demandan que se les devuelvan los importes que pagaron en concepto de tasas.
CSI-F se ha dirigido en varias ocasiones a la Consejería de Educación para que proceda a la devolución de estas tasas que suponen un montante total de 2.526.149 € en la comunidad andaluza. “No tiene sentido que este dinero continúe en las arcas de la Junta de Andalucía y no sea reintegrado inmediatamente a sus verdaderos dueños”, mantiene la Central Sindical.
Por ello, el sindicato aboga por una solución inmediata ya que “además del tiempo y el esfuerzo invertido por los opositores, que es irrecuperable, se suma el desembolso económico por los derechos de unos exámenes que no se van a celebrar”, sentencia.
