Los médicos de los hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena de la capital onubense llevan varias semanas asistiendo a asambleas internas para analizar qué postura tomar contra los recortes anunciados por la Junta y mostrar su rechazo profundo a lo que consideran una injusticia.

El Decreto Ley ya se ha aprobado, y los facultativos del Infanta Elena han decidido dar un paso al frente para mostrar su desacuerdo y lograr que “definitivamente, la voz de los facultativos sea escuchada”.
En una asamblea celebrada este miércoles se aprobaron varias medidas, entre la que destaca, por su importancia, la decisión de solicitar al Sindicato Médico de Huelva la convocatoria de una huelga indefinida como “medida de protesta contra los recortes a los médicos, aunque esta sea la única provincia en Huelva”.

Además, según ha podido saber Viva Huelva, también se va a solicitar por escrito al PP que haga un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley, así como también informarán a la población de que “somos un colectivo altamente especializado, cualificado y con una elevada responsabilidad, y que si la sanidad es realmente considerada sagrada para el estado del bienestar, es necesario pagar adecuadamente a los facultativos”.

También se reafirman en la atención al paciente y en la rotura de los acuerdos de gestión clínica, ciñéndose a la labor de atención.

Por último, también se plantean presentar su negativa a sobrepasar las 48 horas de guardias semanales, dado “el precio ridículo a que se va a a pagar la hora de guardia (9,18 euros neto)”, lo que podría acarrear “serios problemas para la cobertura de las guardias, siendo necesario obligatoriamente nuevas contrataciones”.

Por su parte, los jefes de Servicios y Directores de Unidades de Gestión Clínica del Área Hospitalaria Juan Ramón Jiménez remitieron la pasada semana un escrito a la Dirección en el que muestran su rechazo y preocupación por lo que consideran “medidas injustas, inapropiadas y carentes de visión de futuro”, además de lamentar que no se haya contado con la opinión de los profesionales.

Para estos altos cargos, es “inadmisible” la reducción de la jornada y retribución del personal sustituto y eventual.

Además, recovan los objetivos de los acuerdos de gestión que “estén fuera del contexto de criterios exclusivos de sostenibilidad y eficiencia”, y alertan de que los profesionales “perderán la confianza en un sistema que los maltrata y no cumple sus pactos”.