La Operación Karma-Vidar de la Policía Nacional de Motril, en la costa de Granada, ha supuesto la detención e investigación de 32 personas, cuatro de las cuales han ingresado en prisión por decreto de la autoridad judicial, como presuntos miembros de un grupo criminal que estaría dedicado a la inmigración clandestina mediante la falsificación de documentos y al tráfico de hachís, aprovechando la infraestructura desarrollada para el primer objeto de la organización.
Así lo ha indicado la Policía Nacional en una nota sobre esta operación que se inició a comienzos del mes de febrero de 2020 y ha culminado en el presente mes de abril. Ha sido diseñada supuestamente para luchar contra las redes de inmigración ilegal y la falsedad documental. Los agentes de la Comisaría de Motril detectaron la proliferación, en los últimos años, de "grupos criminales integrados por ciudadanos de origen magrebí dedicados a introducir ciudadanos extranjeros de manera irregular en el territorio español".
Esto, unido a la recepción de un informe emitido por personal del Ayuntamiento de dicha ciudad, les alertó sobre "la multiplicación de empadronamientos falsos por parte de ciudadanos extranjeros", lo que hizo considerar la existencia de una organización dedicada a dichos fines en Motril. Determinados ciudadanos de origen magrebí eran captados, a cambio de una cantidad de dinero, para consentir la inscripción de otros ciudadanos extranjeros en el padrón municipal.
El balance del operativo ha sido la detención de 22 personas y la imputación de otras diez más, como presuntos miembros de una organización criminal dedicada por un lado a la inmigración clandestina con destino a España u otros países de la Unión Europea a través de éste país, y por otro lado, "aprovechando la infraestructura creada para dicho fin, a la introducción de sustancias estupefacientes en territorio nacional, especialmente derivados cannábicos, para su posterior distribución".
Según la investigación policial, el 'modus operandi' que habría empleado la organización en relación con la inmigración ilegal, sería captar a extranjeros regularizados residentes en España, fundamentalmente de nacionalidad marroquí, a quienes compraban su pasaporte o tarjeta de residencia.
Estos documentos eran manipulados y posteriormente utilizados para introducir, por vía marítima, a personas irregulares con características físicas similares. Una vez en territorio español, eran recogidas por diferentes "transportistas" y distribuidos por diversas ciudades de la geografía española en las que contaban con la infraestructura que permitía su alojamiento.
A partir de ahí y en función del pago realizado por el ciudadano extranjero, entre 7.000 y 15.000 euros, se abría la posibilidad de que la organización también se ocupase de su regularización en España vulnerando la legislación sobre estancia de extranjeros.
Estas regularizaciones falsas se gestionaban, bien mediante falsos episodios de violencia de género, lo que propiciaba la regularización automática de la denunciante por circunstancias excepcionales y constituyéndolas beneficiarias de una renta activa de inserción, bien, simulando relaciones afectivas análogas, o bien simulando relaciones laborales.
