El Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, que investiga el llamado 'caso Nazarí' sobre una supuesta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento granadino bajo la etapa de gobierno del 'popular' José Torres Hurtado, ha acordado continuar la causa de la pieza separada conocida como 'expediente Mulhacén' contra la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto (PP), cinco exaltos cargos de este departamento y un promotor.
A través de un reciente auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza también acuerda el sobreseimiento provisional de la causa respecto de los demás investigados que fueron imputados durante la instrucción de la presente pieza. También ordena el alzamiento de todas las medidas de carácter económico restrictivas acordadas respecto del patrimonio de los investigados, visto que no se ha determinado perjuicio económico al Ayuntamiento de Granada, según consta en un informe pericial practicado al respecto.
El auto surge en respuesta a la petición de varios de los investigados interesando el sobreseimiento provisional y archivo de la presente causa. En esta pieza separada se ha investigado la presunta "alteración y modificación fraudulenta del concurso-licitación de la concesión administrativa de una parcela de uso deportivo mediante la alteración sucesiva de las condiciones de la misma hasta desvirtuar por completo el objeto y las condiciones de la concesión".
Todo ello presuntamente realizado por la empresa adjudicataria y mediante informes de los investigados, modificaciones y estudios de detalle "dados en beneficio" del empresario y promotor.
En el año 2005 a la empresa del denunciante, Aremat Formación SL, le fue adjudicada en concurso público una parcela de equipamiento docente situado en la calle Baltasar Mar del Inventario del Patrimonio Municipal pero posteriormente, transcurridos diez años, la actuación del Ayuntamiento ha impedido su desarrollo por cuanto que la parcela ha sido invadida por la construcción de un pabellón deportivo municipal que fue adjudicado en el año 2007 por concesión administrativa.
"Desde diciembre de 2012 se han reclamado del Ayuntamiento los informes y estudios de detalle relativos a la concesión administrativa concedida y no se le han notificado ni se le ha permitido conocerlos a pesar de ser interesado por ser colindante y afectado", agrega la jueza.
El 17 de febrero de 2015 se reconoció al denunciante (hoy acusación particular) la invasión de su parcela si bien teniendo licencia de obra no la puede ejecutar por la invasión del terreno. A ello añade la jueza la existencia de informes de la Junta donde técnicamente se hacen referencia a que las actuaciones realizadas por los investigados "no se han desarrollado atendiendo al procedimiento adecuado (...) incumpliendo, presuntamente, de común acuerdo, la legalidad vigente".
