El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha aprobado este lunes en pleno extraordinario un plan de pagos para abonar los 9,6 millones de euros pendientes por sentencias judiciales condenatorias contra anteriores gobiernos municipales.

   El teniente de alcalde del área de Hacienda, Manuel Aguilar, ha explicado que "las malas prácticas" de los gobiernos presididos por el PSOE e IU dieron lugar "a un aluvión de denuncias contra el Consistorio por impagos y ahora la ciudad tiene que hacer frente a indemnizaciones por valor de 13 millones de euros".

   El edil ha indicado tras el pleno que, después de conocer la opción de acogerse al Fondo de Impulso Económico del Ministerio de Hacienda, el Ayuntamiento ha negociado quitas para que la cantidad pendiente de abono por sentencias judiciales quede reducida a 9,6 millones de euros, "lo que supone un importante ahorro para las arcas municipales".

   Además, las condiciones del crédito facilitado por el Gobierno central, que tiene un plazo de amortización de 10 años y un periodo de carencia de dos años, ofrece unos intereses "mucho más bajos que los de las entidades bancarias, por lo que conseguimos otro ahorro muy interesante para la ciudad".

   Entre las 34 sentencias judiciales firmes que deben abonarse, Aguilar ha destacado algunas como la que hace referencia a unas obras que "no le correspondía realizar al Ayuntamiento" en el patio del instituto Mar de Alborán, y que supuso una condena de 1,7 millones de euros, o la que obligó al pago de 600.000 euros por el proyecto de un teatro que "nunca se construyó".

   Aguilar ha apuntado que la lista de sentencias continúa con otras como la que obliga a indemnizar con 4,9 millones de euros a una constructora a la que no se le otorgó una licencia de obra "pese a que tenía derecho", o la que condena a pagar 1,4 millones de euros "por el derribo inadecuado de unos locales comerciales".

GESTORES "IRRESPONSABLES"

   El responsable de Hacienda considera que durante el mandato del PSOE e IU la ciudad "fue víctima de unos gestores irresponsables, que tomaban decisiones que no vigilaban el interés general, por lo que ahora seguimos padeciendo sus consecuencias".

   Por otra parte, el alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha señalado que en junio de 2011 el Ayuntamiento estaba inmerso en más de 1.500 pleitos judiciales por impagos a trabajadores y proveedores, en su mayoría. En la actualidad, esa cifra se ha reducido a menos de 400, lo que pone de manifiesto "un cambio en la forma de gestionar el Consistorio".

   A ese respecto, ha recordado que los anteriores responsables motivaron que más de 800 trabajadores municipales denunciasen al Ayuntamiento por impagos injustificados.

   Por otro lado, el concejal del área Económica ha subrayado que este nuevo plan de pagos por sentencias judiciales continúa la misma línea del que el Consistorio suscribió en 2012 para hacer frente a la deuda de 67 millones de euros que el anterior gobierno socialista contrajo con los proveedores.

MODIFICACIÓN DEL PGOU

   Por otro lado, el equipo de gobierno y el grupo municipal del PSOE han votado a favor de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitirá al Ayuntamiento de Estepona compartir los gastos de mantenimiento y conservación de las urbanizaciones del extrarradio.

   La teniente alcalde del área de Fomento, Infraestructuras y Turismo (FIT), Ana Velasco, ha indicado que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha emitido un informe favorable a la solicitud de modificar el PGOU con el objetivo de que el Consistorio pueda ir asumiendo de manera progresiva los gastos de mantener las áreas residenciales que se vayan recepcionando.

   Velasco ha valorado que la administración autonómica haya dado "luz verde" a esta propuesta que se incluía en el programa electoral del equipo y que pretende "poner punto y final a una situación injusta que vienen padeciendo los vecinos del extrarradio desde hace décadas".

   En este sentido, ha explicado que los residentes en urbanizaciones tienen que sufragar actualmente una serie de servicios con recursos propios porque la normativa vigente impedía la actuación del Ayuntamiento.

ORDENANZA DE PUBLICIDAD

   Por último, el equipo de gobierno ha votado a favor de la aprobación inicial de una nueva ordenanza de publicidad exterior que tiene como objetivo reducir la contaminación visual en el municipio.

   El teniente alcalde del área de Hacienda ha explicado que la nueva normativa pretende hacer cumplir con la ley general de publicidad que regula los anuncios en la calle y en los lugares públicos, al tiempo que acabará con la proliferación ilegal de vallas y monopostes.

   Una de las novedades de la nueva ordenanza será la regulación de la intensidad máxima de la iluminación de los soportes. Esto evitará molestias a los residentes próximos a estos soportes, una reducción de la contaminación lumínica y una disminución en el consumo injustificado de energía eléctrica.