El regidor popular, José María García Urbano, firmó entre el 26 y el 27 de noviembre sendos decretos en los que se declara desierta la adjudicación de siete de las 15 viviendas de maestros del grupo escolar Santo Tomás de Aquino de Estepona. Los inquilinos, maestros que llevan años viviendo en ellas abonando un precio simbólico, tienen hasta el próximo 15 de enero de 2013 para desalojar sus enseres y pertenencias, y dejar libre y vacía la vivienda. El Ayuntamiento optó por enajenar estos inmuebles de titularidad municipal para hacer frente al crédito que permitió el pago de casi 67 millones de euros de deudas a proveedores, ofertando la compra a sus ocupantes. Se trata de un expediente iniciado en el año 2002.
Los socialistas locales critican ahora que los inquilinos tengan que "verse en la calle" porque no pueden hacer frente al pago de las viviendas, cuyo precio oscila entre los 39.000 y 40.000 euros, porque no pueden acceder a un crédito. El portavoz socialista, David Valadez, solicita que el Consistorio revoque esta orden en el caso de familias que no dispongan de otro inmueble en el que vivir. "El día 16 de enero, si nada lo impide, habrá siete inmuebles de titularidad municipal vacíos, que deberían destinarse a familias esteponeras que estén pasando una mala situacióne económica, que hayan sido desahuciados o lo vayan a ser de forma inmimente", piden.
Advierten incluso que, en caso de ser desoídos, llevarán al asunto al próximo pleno a través de una moción en asuntos urgentes. Ponen en tela de juicio que el Partido Popular haya pedido en el pleno de Diputación que la Junta destine las Viviendas de Protección Oficial a familias desahuciadas, "habiendo votado a favor de ello dos diputados esteponeros, Ignacio Mena y Juan Jesús Bernal, mientras aquí el Ayuntamiento ordena el desalojo de siete familias que no pueden comprar las viviendas porque no tienen recursos económicos".
El Ayuntamiento responde a las críticas
Desde el Consistorio recuerdan que se les ofreció a los inquilinos la posibilidad de adquirir las viviendas, "a precio inferior de mercado" y apuntan a que durante años los residentes en estos inmuebles han abonado alquileres que rondaban los dos y tres euros mensuales, "algo que no se ajustaba a la realidad del sector inmobiliario". En respuesta a las críticass, el equipo de Gobierno popular echa la pelota en el tejado de PSOE, indicando que la enajenación de estos inmuebles responde a la necesidad de devolver el crédito para poder pagar parte de la deuda de más de 60 millones de euros que la corporación presidida por David Valadez contrajo con los proveedores.
