España necesita implementar con rapidez medidas "adecuadas y socialmente aceptables" que permitan asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones, según señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su último estudio sobre la economía española.
En su análisis, el 'think tank' de los países desarrollados advierte de que los desafíos fiscales de España, acentuados a raíz de la reciente crisis provocada por la pandemia, se verán exacerbados por la duplicación de la tasa de dependencia de la tercera edad de aquí a 2050.
De este modo, si el gasto actual en pensiones como porcentaje del PIB alcanza el 10,9%, por encima de la media de la OCDE del 8%, aunque por debajo de algunas economías similares de Europa, se prevé que el envejecimiento de la población aumente las presiones sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
En este sentido, tomando como referencia un estudio de la AIReF, señala que no aplicar el mecanismo de indexación y el factor de sostenibilidad, contemplados en la reforma de las pensiones de 2013, pero cuya implementación se suspendió e 2018, implica un aumento del gasto previsional esperado como porcentaje del PIB del 11,9% al 15,1% en 2050.
"Es fundamental que se tomen rápidamente medidas adecuadas y socialmente aceptables para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones", afirma la OCDE.
La organización considera que el sistema "no reconoce suficientemente las largas carreras contributivas" y no incentiva la prolongación de la vida laboral una vez cumplidos los períodos de cotización correspondientes.
Asimismo, insiste en que los incentivos para jubilarse anticipadamente deberían reducirse, ya que la edad promedio de salida del mercado laboral en 2018 fue de 61,7 años, inferior a los 64,6 de media en la OCDE, mientras que defiende la necesidad de un aumento en el número de años de cotización necesarios para obtener una pensión completa.
"La edad legal de jubilación debería vincularse finalmente a cambios en la esperanza de vida, como es el caso de Dinamarca, Finlandia y Portugal", sostiene.
En este sentido, destaca que, actualmente, las autoridades están evaluando los incentivos existentes con miras a modificarlos y están considerando establecer beneficios para las empresas que mantienen a los trabajadores mayores.
Por otro lado, la OCDE apunta que las tasas de cotización para una pensión de los autónomos siguen siendo bajas en comparación con los trabajadores asalariados, lo que reduce su derecho a unas prestaciones adecuadas.
A este respecto, advierte de que permitir a los autónomos elegir su base de contribución independientemente de los ingresos reales, algo que en junio de 2020 llevó al 85,3% de los autónomos a optar por la cotización mínima para la pensión, representa un potencial aumento del riesgo de pobreza con la edad.
De esta manera, la OCDE recomienda armonizar las tasas de cotización entre los trabajadores autónomos y asalariados, asegurándose de que los primeros paguen las cotizaciones basándose en la base de cotización real y no en la base de cotización de su elección.
