La Mesa del Congreso decidirá este jueves si admite tramitar el decreto ley que amplía de cinco a ocho semanas los permisos de paternidad, después de que Ciudadanos haya planteado dudas sobre la constitucionalidad de esta norma.

Para ello, la Mesa tendrá en cuenta un informe que se ha encargado a los servicios jurídicos de la Cámara con el fin de determinar si un decreto ley aprobado por el Gobierno puede modificar una Ley Orgánica, algo que en opinión de Ciudadanos no puede hacerse, como ya sentenció el Tribunal Constitucional.

La no admisión del decreto crearía una situación inédita en el parlamentarismo español, según el vicepresidente primero del Congreso, Ignacio Prendes, de Cs, quien está convencido de que en ese caso la norma no se daría por convalidada y no podría entrar en vigor el próximo 1 de abril, como aprobó el Ejecutivo.

Prendes ha asegurado, tras la reunión de la Mesa de hoy, que se trata de una cuestión de carácter "técnico y jurídico, no político" para defender la función legislativa del Congreso, que ve atacada, un comportamiento que Ciudadanos considera aún más grave ahora que se encuentran disueltas las Cortes por ser período electoral.

El mismo Gobierno que disuelve las Cortes con la convocatoria anticipada de elecciones "pretende limitar y usurpar las funciones del Congreso", ha recriminado Prendes, para quien se trata de algo "inaceptable" tanto en términos constitucionales como a nivel jurídico.

Ciudadanos fundamenta la posible inconstitucionalidad del real decreto ley 6/2019, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo, en que su artículo 1 modifica la Ley Orgánica para la igualdad, que no puede ser reformada por otra legislación de menor rango.

La nueva normativa aprobada por el Gobierno, y que ahora aún tiene que ser convalidada en la Diputación Permanente del Congreso, modifica dos artículos de esta ley orgánica e incluso incluye una nueva disposición transitoria.

Prendes ha recordado que, según establece la propia Constitución, la modificación de una ley orgánica exige una mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto, y no podría ser reformada mediante decreto ley.

Algo que considera avalado por la sentencia del Tribunal Constitucional 60/1986 del 20 mayo sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Y ha inscrito este episodio en la práctica que cree que está llevando a cabo el Gobierno de "atropello y uso partidista y electoralista" de los decretos leyes, que deben ser convalidados en la Diputación Permanente del Congreso.

La Mesa del Congreso se ha reunido hoy para estudiar un informe de los servicios jurídicos que avala, finalmente, que estos decretos se puedan tramitar como proyectos de ley y, por lo tanto, puedan ser enmendados por los grupos para introducir cambios.