El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha arremetido contra la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid por el origen de su patrimonio familiar y le ha reprochado que acoja las "disparatadas" conclusiones de la Guardia Civil --que le acusó de blanquear dinero mientras estuvo en el Gobierno-- sin hacer "la más mínima labor de contraste" y con una "absoluta falta de rigor".

Así lo expresa el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) en un escrito dirigido al magistrado Antonio Serrano Arnal en el que impugna el recurso de apelación presentado por la fiscal del caso Elena Lorente. Anticorrupción recurrió la decisión del juez de archivar la pieza relativa al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que acusa a Rato de cerrar contratos de publicidad con empresas privatizadas durante su mandato en el Ejecutivo.

El magistrado expuso en su auto que los hechos que le atribuía la Guardia Civil, constitutivos de delito de blanqueo de capitales, malversación y cohecho, no tenían "sustento básico alguno"; tesis que recoge ahora el expresidente de Bankia en su escrito en el que añade que es "verdaderamente alarmante" que el Ministerio Público le acuse de la utilización de su poder para su exclusivo beneficio económico.

Al respecto su defensa denuncia que se está llevando a cabo por parte de la Guardia Civil una investigación "prospectiva" y "secreta encubierta absolutamente intolerable en un Estado de Derecho" y que incluso podría afectar a la legalidad del proceso que se instruye desde 2015 en el juzgado de Plaza Castilla y en el que se investiga si el origen de su fortuna.

RELATO TERGIVERSADO

El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge que la UCO ha recurrido a unos hechos ocurridos hace más de 20 años para construir "de manera tergiversada y absolutamente contraria a la legalidad" unos indicios delictivos "carentes de una base táctica sólida y recurrente" y ello ha llevado a que la fiscal alcance una "conclusión absurda" del asunto.

El documento de la Guardia Civil que integra la pieza archivada por el juez instructor subrayó que el exvicepresidente económico del Gobierno se aprovechó del proceso de privatización de empresas propiedad del Estado como Endesa, Repsol o Telefónica para "colocar" en los puestos de dirección a personas de su confianza y luego obtener sustanciosos contratos de publicidad a través de la sociedad Cor Comunicación, creada con sus hermanos y cuyo control adquirió por completo en 2013.

Sobre este punto, su representación procesal matiza que la facturación de Cor Comunicación pone de relieve que "mantenía relaciones empresariales con un gran número de empresas", por lo que no se puede sostener que fuera creada adrede para factura con empresas privatizadas y desviar los fondos al patrimonio del exministro. Añade igualmente que las relaciones con dichas compañías se mantuvieron hasta 2013, nueve años después de que Rato abandonara el Ejecutivo.

COR: ACTIVIDADES REALES Y LEGALES

Igualmente recuerda que no existe ninguna ley que prohíba a un alto cargo ser accionista de una empresa que contrate con la Administración, y por ese motivo no se puede considerar que los ingresos obtenidos por las sociedades participadas por Rato sean ilícitos. "Las operaciones realizadas por Cor fueron absolutamente legales, reales y se realizaron a precio de mercado", precisa su abogado.

Por ello determina que las conclusiones alcanzadas por la Guardia Civil en su atestado son "simplistas" e insiste en que se basan en unos hechos prescritos. Tesis esta última expuesta por Serrano Arnal en su auto de archivo de esta causa ya que matizó que, conforme a lo establecido en el artículo 131 del Código Penal, el delito de cohecho prescribe a los diez años por lo que, si abandonó el Gobierno en 2004, los hechos estarían prescritos desde 2014.

Rato, que tiene abiertas más de una decena de piezas en el marco de la investigación sobre el origen de su fortuna, habría defraudado cuotas por un importe total de 6,8 millones de euros según expuso la Agencia Tributaria en un informe adherido a la causa y que recoge que las rentas no declaradas apreciables en transferencias bancarias internacionales ascienden a un importe superior a los 7 millones de euros.

El magistrado instructor decidió el pasado mes de mayo prorrogar 18 meses más la investigación de acuerdo con el artículo 324.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite que, tras medio año de instrucción, la declare compleja si se dan las circunstancias para ello y prolongue las diligencia por este plazo de tiempo.