Tras casi cinco meses de procedimiento y 26 vistas, el juicio de las tarjetas 'black' quedó listo para sentencia el jueves dejando en el aire la cuestión que ha enfrentado a defensas y acusaciones durante todo el procedimiento sobre si las Visas se entregaban para gastos de representación o bien formaban parte del salario de los beneficiarios.

El tribunal de la Audiencia Nacional que sentó en el banquillo de los acusados a Miguel Blesa, Rodrigo Rato y otros 63 exaltos cargos y consejeros de la caja extinta, encara ahora la redacción de la sentencia que resolverá si los encausados cometieron delito continuado de apropiación indebida y administración desleal por haber empleados unas tarjetas a las que cargaron 15 millones de euros entre 1999 y 2012.

De acuerdo con la versión aportada por el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, y las acusaciones, predominó una actitud "depredadora" de "pillaje y rapiña" por parte de los que recibieron esta Visa a su llegada a la entidad por haber hecho todo tipo de gastos personales (safaris, ropa de lujo, menaje de hogar y restaurantes) durante el tiempo que estuvieron en la caja e incluso hasta varios meses después de abandonarla.

Versión que dista de la que dieron los acusados durante su interrogatorio ante las partes y luego sus abogados, que defienden que era un sistema heredado --fue creado bajo la presidencia de Jaime Terceiro el 24 de mayo de 1988--, conocido en el sector financiero, transparente a efectos fiscales y con carácter retributivo.

24 DE MAYO DE 1988

También se han hecho eco de la disputa protagonizada entre Bankia y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ambas acusaciones del proceso, y que se presentaron ante el tribunal que ha presidido la magistrada de la Sala de Lo Penal, Ángela Murillo, como las auténticas damnificadas por una práctica que, según alegan, degeneró con la llegada de Miguel Blesa a la presidencia de Caja Madrid en 1996.

El procedimiento, uno de los más mediáticos que se recuerdan en los últimos tiempos por el escándalo que salpicó al sistema financiero, terminó el jueves sin que los principales acusados de la trama hicieran uso del derecho a la última palabra, que sí empleó el exministro socialista Virgilio Zapatero para reivindicar su inocencia y exponer que él actuó de buena fe en el uso que hizo de su plástico.

"Nada que añadir, señoría", fueron las últimas palabras pronunciadas por los expresidentes de Caja Madrid en el juicio que además ha supuesto "la muerte laboral" y un "viacrucis" para los encausados. El estallido del escándalo en 2014 tras revelarse un correo confidencial a Miguel Blesa provocó un antes y un después en la vida de los 65.

Sus defensas no han querido dejar pasar por alto la repercusión mediática que tuvo la difusión de la prueba pericial estrella de Bankia, la hoja Excel con todos los gastos de los usuarios, y denunciaron que se habían cortado cabezas con una condena anticipada. Para la entidad que preside Ignacio Goirigolzarri, por contra, se trata de un documento veraz que prueba en qué se gastaron el dinero cargado a las tarjetas.

VERACIDAD DE LA PRUEBA PERICIAL

Por ello el tribunal que ha presidido la magistrada Ángela Murillo también tendrá que valorar la veracidad que le otorga a esta prueba pericial, defendida en el juicio por el jefe de auditoría de Bankia, Iñaki Azaola, que se sometió durante más de cuatro horas a uno de los interrogatorios más duros hechos por las defensas.

El fiscal confirmó en su escrito de conclusiones finales lo que apuntaba desde la apertura de juicio oral y es que Miguel Blesa está detrás de un sistema que se creó para gastos de representación y acabó degenerando hasta llegar a un entierro en cuyo funeral tuvieron vela todos los españoles. Pide para éste seis años de prisión, cuatro y medio para Rodrigo Rato, su sucesor al frente de la entidad y presidente de Bankia entre 2010 y 2012, y penas inferiores hasta los doce meses para el resto de acusados.

Hasta la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares se han trasladado desde el comienzo del juicio el 26 de septiembre los 65 acusados, muchos de ellos caras visibles del mundo de la política, de la patronal y de los sindicatos que expusieron su inocencia en el procedimiento que recayó en la Sección Cuarta de la Sala de Lo Penal, la misma que ahora ha dejado el juicio visto para sentencia y tendrá que decidir sobre si incurrieron o no en delito por el uso de las tarjetas 'black'.