"A las diez de la mañana un conocido me llamó por teléfono y me dijo 'Corre, pon la televisión que están interviniendo las sedes de Fórum y Afinsa'. Al principio no me creía nada pero después me sentí enferma", relata Adela Jiménez, afectada del escándalo filatélico que mañana cumple su primera década.

Son los recuerdos de aquel 9 de mayo de 2006 en el que la Audiencia Nacional ordenó la intervención de ambas sociedades filatélicas por presunta estafa, una historia aún latente tanto en los tribunales como en el imaginario español a la que ahora Adela pone voz en su libro "Ciudadanos de Primera".

La operación se saldó con nueve detenidos, entre ellos el fundador de Afinsa, Albertino de Figueiredo, su presidente, Juan Antonio Cano, y el de Fórum, Francisco Briones, sospechosos de captar a pequeños ahorradores entre 1998 y 2001 para que invirtieran en sellos que se revalorizarían desde un interés anual del 6 %.

Cuando se cumplen diez años de la intervención "en la que sólo faltaron los tanques", los 470.000 perjudicados continúan reclamando soluciones a un problema "complejo, oscuro y olvidado", como explica a Efe el presidente de la Asociación Perjudicados Fórum Madrid, José Javier López de Castro.

Asegura que "el caso estuvo mal planteado desde el principio" porque el negocio "hasta entonces" era rentable, al tiempo que sospecha, pesaroso, que ni la justicia ni la administración concursal van a poner fin a este "calvario".

"Mira a tu alrededor" dice este excomercial e inversor de Fórum mientras observa al medio centenar de asistentes a un acto en el que reviven su particular 'día de la marmota', todos ellos gente "muy mayor" que se va "quedando por el camino" antes de encontrar una solución.

Una década después, las causas penales contra los responsables de la Operación "Atrio" siguen pendientes de resolución puesto que las vistas orales del caso Afinsa sufren ya una demora de cuatro meses mientras que el juicio de Fórum continúa sin fecha.

Respecto a Afinsa, la Fiscalía pide entre dos y diecinueve años de cárcel para los catorce miembros de su antigua cúpula por estafa cualificada e insolvencia punible entre otros, delitos que también sentarán en el banquillo a los 32 exresponsables de Fórum.

Ambas estafas sumaron un agujero de 5.000 millones que pasó factura a sus inversores, razón por la que una sentencia condenatoria no basta a muchos de estos perjudicados que critican la pasividad de los actuales administradores concursales.

"Sólo se han recuperado las migajas", explica el secretario de la asociación de consumidores Adicae, Fernando Herreros, que recuerda que los afectados, como acreedores, han recuperado únicamente un 20,5 % en el caso de Fórum y el 10 % en Afinsa.

Desde la agrupación discrepan de la rentabilidad y seguridad de estas empresas y cargan contra los organismos públicos "por no haber intervenido antes".

Sin embargo, las plataformas sí coinciden en apuntar que los diez años de espera muestran el fallo de un Estado de "desecho" al que exigen su responsabilidad patrimonial en este "problema social que ha esquilmado a los jubilados de este país".

Por ello piden a los grupos políticos que se comprometan y no "se pasen la patata caliente" ya que los partidos han logrado un consenso sobre el que hay que trabajar, apunta Herreros.

"Pero luego llegan al poder y no hacen nada ni teniendo mayoría absoluta", matiza López de Castro, que se siente una moneda de cambio de un circo parlamentario que, en noviembre de 2014, abogó unánimemente por una solución económica.

"Los políticos, las instituciones y la prensa nos hicieron creer en Fórum", explica una jubilada segoviana que comenzó a invertir en 1986 y que ahora lamenta tanto "haber confiado los ahorros familiares de una vida" como las críticas de una opinión pública que los ha tachado "de peseteros".

También lo cree López de Castro, que considera que "se ha generado más empatía con los perjudicados de productos bancarios" como los preferentistas, cuya situación actual parece anhelar ya que "ellos sufrieron los abusos más tarde y ya han tenido respuesta".

De momento, esperan que el Ejecutivo entrante cumpla sus promesas porque "a la tercera va la vencida" asegura optimista Herreros, aunque no descarta estudiar acciones por la responsabilidad del Estado en el funcionamiento defectuoso de la justicia.

Pese a todo, los afectados aseguran haber transformado la impotencia de los primeros años en ganas de seguir luchando, y es que "si hay algo que merece la pena en todo este calvario es que nos hemos convertido en ciudadanos de primera que no ceden ante la sinrazón y la injusticia".