CiU, ERC e ICV-EUiA han registrado este lunes en el Congreso dos iniciativas similares a la proposición de ley aprobada por el Parlament pidiendo al Gobierno el traspaso de la competencia para celebrar la consulta soberanista: un texto ha sido presentado por sus grupos parlamentarios y el otro lleva la firma de sus 22 diputados. La única diferencia entre estos textos y el enviado por el Parlament es que en las de los grupos no se ha incluido la mayor parte del preámbulo que encabezaba la de la Cámara autonómica.
Así, las dos proposiciones de ley incluyen una exposición de motivos recordando la petición que aprobó el Parlament y mostrando la voluntad de los grupos impulsores de la iniciativa para que la misa pueda ser debatida en el Congreso "con la mayor celeridad posible".
El único párrafo del preámbulo del texto con origen en el Parlament que han recogido en las presentadas en Madrid es el último, que recalca que el objetivo de la iniciativa es impulsar la aplicación de una "vía constitucional y legítima para poder realizar el referéndum que pide la gran mayoría de los ciudadanos de Cataluña". "Se hace de la forma que se considera más adecuada y ponderando todos los intereses que se ven afectados por un proceso de esta naturaleza", remarcan, asimismo.
DE ACUERDO CON EL ESTADO
También se reproduce íntegramente el artículo único en el que se reclama que el Gobierno delegue en la Generalitat de Cataluña la competencia para autorizar, convocar y celebrar un referéndum sobre el futuro político de Cataluña, "en los términos que se acuerden con el Gobierno del Estado".
El texto apunta que el referéndum lo ha de convocar el gobierno catalán y que debe celebrarse antes de que finalice el 2014 sin coincidir con periodos electorales ni con una fecha "de alto contenido simbólico-político". El Gobierno de Artur Mas prevé organizar la consulta para el 9 de noviembre.
Por último, se añade que el procedimiento para realizar el referéndum y sus garantías vendrá determinado por la legislación de los procesos refrendarios y electorales y, si procede, por el decreto del Gobierno de la Generalitat que lo convoque.
NO ESPERAR HASTA SEPTIEMBRE
El registro en el Congreso de estas dos proposiciones de ley tiene por objeto adelantar la fecha del debate de la iniciativa aprobada por el Parlament, que por su cauce autonómico no llegaría al Pleno del Congreso hasta septiembre.
Según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, la fecha para registrar estas iniciativas se eligió por ser el primer día laborable del nuevo periodo ordinario de sesiones y para aprovechar que este mes de febrero el portavoz de ERC, Alfred Bosch, asume la portavocía rotatoria del Grupo Mixto, un puesto cuya firma es imprescindible.
22 FIRMANTES
Las tres formaciones catalanas decidieron aprovechar todos los recursos reglamentarios disponibles y, por ello, no sólo han registrado una proposición de ley con la firma de los tres grupos parlamentarios (CiU, Izquierda Plural y Grupo Mixto), sino que también ha presentado otra copia del texto del Parlament con la firma de sus 22 diputados (el reglamento fija un mínimo de 15).
Aunque en un principio se barajó la idea de dar entrada a parlamentarios afines de otros partidos, finalmente se ha decidido adjuntar la rúbrica de los diputados catalanes: 16 de CiU, tres de ICV-EUiA (Izquierda Plural) y tres de ERC (Grupo Mixto).
Una vez registradas, las proposiciones de ley deberán pasar el filtro de la Mesa del Congreso, que ya las calificará el día 11 porque no da tiempo a que se incluyan en la reunión de este martes.
EL GOBIERNO TIENE DERECHO DE VETO
Los textos se enviarán entonces al Boletín de las Cortes Generales para su publicación y se remitirán al Gobierno, que tiene 30 días hábiles para pronunciarse respecto de las mismas, disponiendo incluso de derecho de veto si considera que conlleva alguna alteración de los Presupuestos Generales del Estado.
Con el visto bueno del Ejecutivo, las proposiciones de ley estarán ya en condiciones de incluirse en el orden del día del Pleno del Congreso en el momento en que uno de los tres grupos firmantes tenga cupo. Todo ello situaría la primera fecha posible del debate entre marzo y abril, si los trámites transcurren con agilidad.
Lo que la Mesa del Congreso debe determinar es si la iniciativa firmada por los diputados a título individual debe también guardar turno como corresponde a los textos de grupos parlamentarios o tiene alguna tramitación especial, ya que no constan precedentes de que se haya usado este mecanismo.
