La reunión que esta semana mantuvieron en Madrid el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, se produjo después de unas semanas de 'deshielo' de las tensiones que han protagonizado las relaciones entre ambas administraciones durante los últimos meses, tras la convocatoria anticipada de elecciones catalanas, el pacto con ERC y los planes soberanistas del Gobierno catalán.
Pese a que se trata del primer encuentro formal desde que Mas fue investido presidente, ambos mandatarios sí que han hablado varias veces por teléfono. De hecho, fueron ellos mismos quienes cerraron la celebración de la entrevista que se produjo esta semana, informaron a Europa Press fuentes gubernamentales.
REUNION EN SEPTIEMBRE
La última vez que Rajoy y Mas se reunieron en el Palacio de la Moncloa fue el pasado 20 de septiembre, cuando el presidente del Gobierno rechazó la petición de Mas de articular un pacto fiscal en Cataluña similar a los modelos del País Vasco y Navarra.
Entonces, el jefe de la Generalitat anunció que se abría "un proyecto nuevo" que poco después derivó en la convocatoria de elecciones anticipadas el 25 de noviembre. En estos comicios, en los que Mas pidió a los catalanes una "mayoría excepcional" para llevar a cabo su proyecto soberanista, CiU perdió 12 escaños y tuvo que pactar con ERC.
Este pacto entre CiU y ERC se basó en la celebración de una consulta soberanista en el año 2014. Sin embargo, el acuerdo entre ambas formaciones se ha tambaleado en los últimos días debido a la dificultad de la Generalitat para sacar adelante los presupuestos para este año.
El consejero catalán de Presidencia, Francesc Homs, avisó a los republicanos de que no se podrá celebrar una consulta de autodeterminación si antes no se aprueban unas cuentas públicas para este ejercicio, vinculación que fue rechazada por la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
Una de las primeras acciones del nuevo Ejecutivo de Mas apoyado por ERC fue llevar al Parlament una declaración soberanista que fue respaldada por 85 diputados de CiU, ERC e Iniciativa y la CUP y rechazada por los de PP, Ciutadans y una mayoría del PSC.
El texto de la declaración sostiene que "se utilizarán todos los marcos legales existentes para hacer efectivo el fortalecimiento democrático y el ejercicio del derecho a decidir" y que "se dialogará y se negociará con el Estado español, las instituciones europea y el conjunto de la comunidad internacional".
Esta declaración provocó la reacción del Gobierno, que la impugnó ante el Tribunal Constitucional al entender que su contenido "no sólo no es compatible" con la Carta Magna sino que "produce efectos", al plantear el inicio de un proceso "para el que mandata a poderes públicos y ciudadanos", según explicó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
Sin embargo, Santamaría ya recalcó entonces la voluntad del Gobierno de mantener el diálogo con la Generalitat. La pasada semana, en una reunión informal y reservada de su gobierno, Mas pidió a sus consellers abrir todas las vías de diálogo con el Ejecutivo, aunque sin renunciar al Estado del bienestar y la consulta soberanista.
ACUERDO EN DÉFICITS ASIMÉTRICOS PARA LAS CCAA
Esta sintonía de diálogo se tradujo en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrada la pasada semana, en la que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, abrió la puerta a la posibilidad de fijar objetivos de déficit diferentes para las comunidades autónomas para 2013 como pedía Cataluña y otras autonomías que este ejercicio han superado el límite impuesto.
Ese clima de colaboración también se dio en otros encuentros que durante la semana se dieron entre representantes de las dos administraciones, según informaron a Europa Press en fuentes de diversos ministerios.
Precisamente, en el encuentro celebrado esta semana, Rajoy y Mas compartieron un mismo diagnóstico sobre la necesidad de mantener los compromisos de consolidación fiscal y de corrección del déficit público y se felicitaron por el gran resultado obtenido en ese campo durante el año pasado, gracias al esfuerzo coordinado de todas las administraciones públicas.
Por ello, el presidente del Gobierno se comprometió a que Cataluña, al igual que el resto de CCAA, pueda beneficiarse de la flexibilización del objetivo de déficit público, si esta posibilidad finalmente se confirma por las autoridades comunitarias.
Cataluña cerró 2012 con un déficit del 1,96 por ciento y acumula una deuda que supera los 50.000 millones de euros, más del 25 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) catalán. Estas cifras obligaron a la Generalitat a acudir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) habilitado por el Gobierno para pedir 9.073 millones de euros.
