La Policía ha empleado gases lacrimógenos contra un grupo de manifestantes encapuchados que esaban tirando cócteles molotov, piedras y botellas en el centro de Atenas. Según la Policía, dos agentes han resultado heridos en altercados y tres manifestantes han sido arrestados.
El ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos, ha señalado que en los próximos días habrá que decidir si se aceptan o no las demandas de los prestamistas --la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional-- y ha advertido de que está en juego la permanencia de Grecia en el euro.
Venizelos ha dicho que, para evitar el impago, Grecia no tiene otra opción que aceptar las duras condiciones ligadas al nuevo paquete de rescate, valorado en 130.000 millones de euros, y el plan para reducir su gran deuda.
La votación en el Parlamento sobre las nuevas medidas de austeridad se celebrará el domingo o el lunes, y el ministro ha señalado que la semana que viene habrá que decidir si Grecia acepta las condiciones y permanece en la zona euro o las rechaza y afronta sola tiempos más duros.
"Ha llegado el momento de que tomemos una decisión", ha declarado Venizelos en Bruselas después de que los ministros de Finanzas de los países de la eurozona se negaran a aprobar de forma inmediata el plan de rescate. "Lamentablemente, tenemos que elegir entre unos sacrificios y otros sacrificios aún mayores", ha admitido.
Venizelos ha insistido en que si Grecia quiere continuar usando el euro como moneda y seguir "dentro de Europa, hay que hacer lo que haya que hacer para aprobar el programa" de austeridad "y para que el PSI se complete a tiempo, antes de (...) marzo", cuando vencen 14.500 millones de euros de deuda.
PSI son las siglas de Private Sector Involvement, el programa de reestructuración que prevé una condonación del 50 por ciento de la deuda de Grecia por parte de acreedores privados.
Los recelosos ministros de la zona euro han dado a Atenas un plazo de seis días para demostrar su compromiso con las reformas aprobando una serie de leyes, haciendo un ahorro de otros 325 millones de euros y garantizando que el programa se mantendrá tras las elecciones, que podrían celebrarse en abril.
El plan incluye una reducción del 22 por ciento en el salario mínimo, la eliminación de 150.000 puestos de trabajo en el sector público y la disminución de las pensiones.
LOS MANIFESTANTES EXPRESAN SU DESCONTENTO
Los manifestantes que han participado en la huelga han comparado la situación actual con los siete años de dictadura militar. En la plaza Sintagma, frente al Parlamento, se han escuchado canciones reivindicativas de los años 60 y 70, mientras algunos trabajadores del Ministerio de Finanzas, responsable de aplicar los nuevos recortes, han ondeado banderas negras.
"¡No agachéis la cabeza, resistid!", han coreado los manifestantes, que también han rechazado los despidos y los recortes en los salarios y las pensiones.
La huelga ha paralizado el transporte público y, en los principales puertos del país, los barcos se han quedado amarrados. El personal médico y los empleados de la banca tampoco han trabajado este viernes.
El sindicato de funcionarios ADEDY ha denunciado en un comunicado que "las medidas incluidas en el nuevo memorando (UE/FMI) y acordadas entre los tres líderes políticos y el Gobierno son una condena para la sociedad griega". "Ya es hora de que el pueblo se pronuncie", ha añadido.
ADEDY y GSEE, un sindicato del sector privado, representan a cerca de dos millones de trabajadores, casi la mitad de la fuerza laboral griega. Desde que el país recibió el primer rescate, en 2010, han realizado numerosas huelgas.
POLÍTICOS QUE RECHAZAN LAS MEDIDAS
Ante la cercanía de las elecciones, muchos políticos griegos se han mostrado reacios a aceptar las condiciones de los acreedores.
Georgios Karatzaferis, presidente de la Concentración Popular Ortodoxa (LAOS), un partido de extrema derecha que forma parte del Gobierno, ha dicho este viernes que no puede apoyar con su voto el acuerdo que permitiría a Grecia recibir el segundo paquete de rescate.
El viceministro de Trabajo, perteneciente al Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK), dimitió esta semana, y unos 35 diputados socialistas han pedido medidas para suavizar el impacto del ajuste.
