Según el secretario general del Sindicato Profesional de Bomberos, Juan Carlos Bernabé, la imputación se ha producido a expensas de la identificación por parte del Ayuntamiento de la concejal socialista como responsable de Seguridad Ciudadana durante el año 2007, junto al también imputado y actual concejal de Movilidad, Francisco Fernández, en 2006.
A juicio de Bernabé, hay una “clarísima intencionalidad” de “mezclar” a la edil en este asunto, pues asegura que “no tiene nada que ver, ya que la gestión fue de Fernández, pero en todo caso debe ser el juez el que delimite las responsabilidades". En la providencia dictada por el juzgado, se señala la citación de los dos ediles a declarar el próximo 5 de septiembre.
La adquisición de los equipos, según la denuncia del fiscal, no se atuvo “en absoluto” a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y podría constituir un delito de prevaricación.
Según la denuncia de la Fiscalía, el Ayuntamiento adquirió en mayo de 2007 diversos materiales y equipamientos para ocho vehículos del cuerpo de bomberos, de acuerdo con las órdenes del jefe de dicho servicio por aquel entonces, quien no obstante, ha señalado ante el juez que en aquel momento se encontraba en una baja laboral y sus competencias quedaban a expensas, entre otras personas, del delegado de Movilidad, Francisco Fernández.
La citada denuncia insiste en que para la contratación de estos equipamientos al Grupo Iturri “no existió resolución previa del Ayuntamiento ni se realizaron pliegos de condiciones, ni se ofertaron públicamente ni se solicitó presupuestos a otras empresas que podrían haber tenido voluntad de competir para ser las proveedoras”. Sin embargo, un informe posterior de la Intervención General del Ayuntamiento ponía de relieve “posibles irregularidades” en esta contratación dada la “absoluta inobservancia de las formalidades” necesarias en las contrataciones públicas de esta naturaleza, lo que llevó al Ministerio Público a atisbar un posible delito de prevaricación.
