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España

El Govern de Pere Aragonès aprueba 21 decretos y tres leyes en su primer año

El Ejecutivo catalán cifra en alrededor de un 30% el cumplimiento del plan de Govern

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  • El Govern encabezado por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. -

El Govern de Pere Aragonès ha aprobado 21 decretos ley y tres proyectos de ley en su primer año de legislatura, que ha estado marcado por la última fase de la pandemia del coronavirus y las consecuencias de la guerra de Ucrania.

Estas cifras demuestran que el Ejecutivo de ERC y Junts ha priorizado legislar a través de decretos en lugar de impulsar proyectos de ley, una tendencia que se ha acentuado desde la crisis sanitaria del Covid-19.

En concreto, las leyes presentadas por el Govern que ha aprobado el Parlament son los Presupuestos de la Generalitat de 2022, la Ley de acompañamiento a las cuentas, y la Ley de creación del Fondo Complementario de Riesgos para hacer frente a las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a excargos del Govern por la acción exterior durante el proceso independentista, que se aprobó como proyecto de ley después de que la Cámara validara el decreto.

Además, hay cinco proyectos de ley del Ejecutivo en trámite en la Cámara catalana, el Govern ha realizado 33 memorias preliminares y ha hecho 50 decretos, entre los que no se incluyen los nombramientos ni las distinciones y galardones, mientras que ha logrado que el Parlament le haya validado todos los decretos que han llegado al pleno hasta ahora.

Así, fuentes del Ejecutivo de Aragonès han cifrado en alrededor de un 30% el cumplimiento del plan del Govern que aprobó al inicio del mandato y que contempla 1.572 medidas.

RECUPERACIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD

Fuentes de la Presidencia de la Generalitat han destacado que con la llegada de Aragonès al frente del Govern el primer objetivo fue "recuperar la institucionalidad" del cargo y el respeto por las instituciones catalanas después de la etapa del expresidente Quim Torra y su posterior inhabilitación, que dejó la Presidencia vacante durante ocho meses.

Consideran que este primer objetivo se cumplió rápidamente y también se han mostrado satisfechos con cómo han avanzado las cuatro transformaciones que prometió Aragonès en la campaña electoral y en su investidura --la social y económica, la feminista, la verde y la democrática--, aunque les gustaría que fueran más rápido.

CUATRO TRANSFORMACIONES

En el ámbito social, el Govern cree que se han hecho pasos adelante, como la gratuidad del P2, la reducción de ratios de alumnos en la escuela y un plan de choque social de 700 millones, mientras que en el ámbito económico la inversión de 600 millones de euros de la empresa coreana Iljin Materials para instalar una fábrica de componentes de baterías para coches eléctricos en Mont-roig del Camp (Tarragona) se percibe como uno de los anuncios más importantes de la legislatura.

En cuanto a la transformación feminista, el Ejecutivo ve un cambio respecto a legislaturas anteriores, tanto en la influencia de la perspectiva de género en todos los departamentos como en medidas concretas, como el reparto de copas menstruales gratis en institutos, que vaticinan que se multiplicarán en los próximos años, mientras que esperan acelerar en el próximo año la transformación verde y la transición ecológica.

Además, enmarcan en la transformación democrática la consulta sobre la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 en el Pirineo catalán que se celebrará el 24 de julio.

DE LA PANDEMIA A LA GUERRA DE UCRANIA

Desde el inicio del mandato, la acción del Govern se ha visto condicionada por varios factores: primero fue la pandemia del coronavirus, especialmente la sexta ola por la variante Òmicron, y luego ha sido la guerra de Ucrania, que ha obligado al Ejecutivo a actuar para paliar las afectaciones económicas que ha supuesto el conflicto bélico, además de la acogida de refugiados ucranianos.

En la Generalitat también consideran que otro de los factores que han afectado la actuación del Govern ha sido la "represión", como por ejemplo las fianzas del Tribunal de Cuentas, a las que el Ejecutivo respondió con un el Fondo de Riesgos, o la sentencia del 25% de castellano, ante la que están elaborando dos decretos ley.

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