El Tribunal de Cuentas ha rechazado los avales por valor de 5,4 millones de euros presentados por la Generalitat a favor de casi una treintena de ex altos cargos del Govern por haber promocionado con dinero público el "procés" en el extranjero.

Los avales ahora rechazados cubrían la responsabilidad contable de 28 personas, entre ellas los expresidents de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresident Oriol Junqueras o los exconsellers Raül Romeva y Francesc Homs o Andreu Mas-Colell.

La instructora de la causa, Esperanza García Moreno, ha rechazado su validez de esos avales en escrito, al que ha tenido acceso Efe, en el que establece que "procede el embargo de los bienes y derechos de las personas que, habiendo sido declaradas presuntas responsables contables, aportaron los referidos avales".

Se trata de una medida cautelar para asegurar las cantidades reclamadas en este procedimiento, recuerda la resolución, contra la que cabe recurso en el plazo de cinco días.

El Tribunal de Cuentas rechaza los avales presentados por la Generalitat a través del Instituto Catalán de Finanzas al interpretar que la ley no permite dar cobertura pública al patrimonio privado de las personas al servicio de la Administración "que hubieran obrado con dolo, o culpa o negligencia grave en la generación del daño, sea este ocasionado a aquella o a terceros".

Los avales se apoyaban en un Fondo Complementario de Riesgos creado por el Ejecutivo autonómico mediante un decreto ley, posteriormente avalado por el Parlamento catalán, para que se cubrieran esas fianzas, ahora rechazadas por el Tribunal de Cuentas.

El Tribunal pidió informe urgente a la Abogacía del Estado sobre la legalidad de los avales, pero ese órgano decidió no presentarlo al considerar que, al haber sido parte en las actuaciones previas, podía contaminar los principios de imparcialidad y objetividad.

El fondo recibió en su día el aval unánime del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) de Cataluña, requisito que era imprescindible para el voto a favor del PSC.

Para este órgano, este fondo se ajustaba al Estatut y a la Constitución en un informe vinculante en el que se defendía que la Generalitat "está habilitada para crear un instrumento de protección de sus servidores públicos" como es el fondo, si bien se recomendaban algunos cambios en el decreto ley para que "desaparezcan determinadas dudas de su redactado actual".

El fondo ha recibido criticas del PP, Cs y Vox, que consideraban que implicaba que todos los ciudadanos pagaran lo que deberían cubrir los responsables del procés de su "propio bolsillo".