La delegada de Salud y Familias de la Junta en Córdoba, María Jesús Botella, ha este jueves afirmado que "el fraude de las listas de espera ha supuesto un drama durante más de dos décadas para más de 72.000 cordobeses", y ha avanzado que el Consejo de Gobierno ha aprobado "la liberación de 25,5 millones de euros para un plan de choque para reducir las listas de espera desde ahora a diciembre de 2019".
Según ha indicado la Junta en una nota, el cómputo de las personas integradas en las listas de espera de la sanidad andaluza --bien para operarse, tener consulta con un especialista o para hacerse una prueba diagnóstica-- "ha sido un fraude desde que el Gobierno socialista de la Junta de Andalucía aprobó en 2001 un decreto de garantías de plazos para este tipo de procedimientos sanitarios".
En este sentido, Botella ha subrayado que "la Administración autonómica solo enviaba al Ministerio de Sanidad el listado de los pacientes incluidos en estos registros de garantías, y olvidaba a quienes no estaban incluidos en ellas". Así, las personas en lista de espera "son el doble en realidad de las que ha declarado la Junta desde 2001", ha afirmado.
"Según los datos ofrecidos por la Consejería de Salud y Familias, el anterior Gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía cifró en 23.349 los cordobeses que estaban en lista de espera quirúrgica o de consulta a fecha de junio de 2018", ha dicho Botella, quien ha detallado que "la realidad es que se trataba de 69.122 los cordobeses en lista de espera, nada menos que 45.773 cordobeses ocultos por la anterior administración del PSOE, una cifra que siguió aumentando hasta alcanzar las 72.276 personas en diciembre de 2018".
"Los gestores políticos de la sanidad pública andaluza han lanzado desde 2001 a 2018 a la sociedad un mensaje sesgado, parcial y por lo tanto intencionadamente falso de las listas de espera: a sabiendas de que decenas de miles de cordobeses quedaban fuera de los registros oficiales de demandantes de una operación (de una prueba diagnóstica o de una cita con el especialista), los borraban de las listas con el único fin de moldear a su conveniencia una imagen idílica e irreal de la sanidad de todos", ha destacado la delegada de Salud y Familias.
Para Botella, "el objetivo nominal del decreto de garantía de plazos era dar cobertura con transparencia a la asistencia sanitaria quirúrgica y de pruebas diagnósticas, al tiempo que supuestamente otorgaba a los pacientes un instrumento para reclamar sus derechos, si bien el decreto en cuestión se convirtió en una herramienta inoperante puesta al servicio de intereses políticos".
"Estas medias verdades han hecho que se haya estado jugando con decenas de miles de familias de la provincia, pendientes de una llamada para beneficiarse de un derecho básico como es de la sanidad gratuita y universal, en beneficio de un objetivo político", ha expresado la responsable de la Junta.
"MOMENTO DE ACABAR CON ESTA ESTAFA"
Botella ha afirmado que "es el momento de acabar con esta estafa, por lo que el Servicio Andaluz de Salud se ha esforzado en tener clara la dimensión del problema y no se va a amparar en datos sesgados; a partir de ahora computa como personas en lista de espera a las personas que están bajo el decreto de garantías y a las que no".
Además, "el Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la liberación de 25,5 millones de euros para un plan de choque para reducir las listas de espera desde ahora a diciembre de 2019", ha resaltado Botella, quien ha explicado que "el Plan de Choque de la Consejería está basado en el incremento de las intervenciones quirúrgicas; en el pacto de horas extraordinarias con los profesionales sanitarios; en la potenciación de la cirugía ambulatoria; y en la derivación de los pacientes a hospitales concertados".
