El agente de la Policía Nacional acusado de revelar datos de investigaciones a terceras personas al consultar en bases policiales ha aceptado este martes en el juicio de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba una multa de 3.240 euros e inhabilitación durante dos años.
Según han explicado fuentes judiciales, el hombre ha reconocido los hechos y es condenado por un delito de revelación de secretos, aunque inicialmente estaba acusado también de un delito de omisión de perseguir delitos. La Fiscalía había pedido para él penas de tres años de cárcel, inhabilitación durante 15 años y multas de 9.000 euros.
Además, el hombre con quien el agente supuestamente tuvo varias conversaciones en las que dicho varón presuntamente realizaba amenazas de muerte a varias personas y en un registro policial en su domicilio le encontraron un arma ha aceptado una pena de dos años de cárcel al reconocer los hechos, después de que el fiscal había solicitado en principio una pena de dos años y seis meses de prisión por la supuesta comisión de un delito de tenencia ilícita de armas.
Según recoge la calificación inicial del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, el policía estaba destinado en la oficina de denuncias de la Plaza Judá Leví de la capital cordobesa y desde noviembre de 2013 a abril de 2014 ha realizado 126 consultas en las bases de datos informáticos de la Policía.
Al respecto, el procesado está autorizado para acceder a dichas bases para todos los asuntos que tienen que ver con su puesto, pero "no está autorizado para recabar información sobre investigaciones policiales relacionadas con procedimientos judiciales o en las que no intervenga o tenga relación con su trabajo".
De este modo, "conociendo las limitaciones", el acusado presuntamente informó a personas investigadas por la Policía, "sabiendo el perjuicio que se deriva"; tuvo información para "realizar negocios particulares", o accedió a datos de personas implicadas como denunciantes o testigos, de manera que "consultó y se quedó con la información recabada en 33 ocasiones de los registros informáticos" de asuntos sobre sustancias estupefacientes, además de realizar otras 19 consultas sobre dicho tema y diez veces sobre familiares o conocidos.
En definitiva, el Ministerio Público detalla que del total de consultas realizadas por el procesado en el citado periodo, el 49% no tenía relación con su actividad profesional y el 41% tiene relación con investigaciones realizadas por la Policía por delitos contra la salud pública.
