Rabia, impotencia, desesperación y un profundo sentimiento de ser víctimas de un agravio comparativo que, si nada ni nadie lo remedia, conllevará el derribo de sus viviendas. Muchas noches sin dormir en los últimos diez años… “y se nos encoge el corazón cada vez que escuchamos acercarse la moto con el correo”, porque cada notificación judicial es “una nueva puñalada” a la escasa esperanza que apenas permanece ya en las 25 familias afectadas por una sentencia de demolición y que desde hace dos años, junto a otros vecinos (entre doscientos y trescientas personas), han conformado la Plataforma de Afectados por las Viviendas Irregulares de Conil (Pavic).
“¿Derribando mi casa, una entre siete mil en Conil y más de 360.000 en Andalucía, se soluciona el problema de la vivienda irregular? Nuestras casas están repartidas en zonas donde hay miles… La última casa denunciada fue en 2016 y en estos cinco años se han construido más de mil viviendasJuan Jesús, Antonio, David y Margarita son cuatro de estos afectados. Sus viviendas se reparten por todo el diseminado de Conil, desde El Chinarejo hasta el Charco Sultán, pasando por el carril de Los Mirlos. Para enero o principios de enero hay previstos dos derribos y otros cuatro están a la vuelta de la esquina. ¿Esperanzas? “Pocas, la única es en el AFO (Asimilado Fuera de Ordenación)”, una figura urbanística que “garantiza que la vivienda cumple con los requisitos para poder ser habitada”.
De las 25 viviendas con orden de derribo, cuatro ya cuentan con el AFO y “otras ya han entregado la documentación, pero en algunos casos desde el Ayuntamiento no se atreven a firmarlo por miedo a que, al contar ya con una sentencia, los jueces les acusen de prevaricación y por eso están a la espera de ver qué contestan y reaccionan ante esta figura”.
Mientras se aferran al clavo ardiendo que son los AFO, estos vecinos recuerdan que “en la localidad hay más de 7.000 viviendas irregulares. Antes te hacías tu casa, venía el municipal, te denunciaba y el Ayuntamiento tramitaba la multa, que pagabas y ahí se quedaba. Incluso los propietarios se denunciaban a sí mismos”. Pero esos expedientes ya no tenían más recorrido…
…Hasta 2012 “cuando un vecino al que habían denunciado, denunció a su vez al Ayuntamiento ante la Fiscalía por no denunciar al resto de viviendas colindantes. Fue entonces cuando vino una inspección y el Consistorio, para justificarse y salvarse el culo, mandó unos cuantos expedientes a la Fiscalía”, señalan desde la Pavic.
Como consecuencia “salvaron a más de 7.000 viviendas pero dejaron a 25 cabezas de turco que somos los que vamos a pagar el pato”. Prácticamente todas estas 25 casas “son primera vivienda. Somos familias que no tenemos nada más… no son viviendas para alquilar en verano. Si nos las derriban, nos quedamos en la calle y arruinados”.
Sus únicas viviendas
La Pavic insiste en que “los más acomodados se han librado” y recuerda que “hay concejales de todos los partidos políticos de Conil que tienen una o varias viviendas en el campo para alquilar, como también hay municipales (policías locales)… pero ninguno está afectado por una orden de derribo”.
Los afectados aseguran que “nosotros vivimos en estas casas… es una injusticia, es un agravio comparativo… ¿por qué nosotros”.
Juan Jesús Ramírez se construyó la casa en 2008, año en el que fue denunciado. Desde ese año en su zona, junto al Charco Sultán, “se han construido decenas de nuevas viviendas… pero ninguna está en Fiscalía. He preguntado en el Ayuntamiento y me han dicho que al que le toca, le toca. No es justo”.
Según la Pavic, “los expedientes no llegaban a Fiscalía y la multa que pagabas al Ayuntamiento era una especie de ‘licencia de obra’ entre comillas, pero cuando vino una inspección el Ayuntamiento mandó unos cuantos y nos tocó. El resto de expedientes están archivados”.
Y una vez en Fiscalía, “a juicio y las sentencias han comenzado a llegar y son clonadas. Multa económica. Derribo de la vivienda. Año y medio de cárcel y casi dos años de suspensión de empleo en cualquier actividad relacionada con la construcción”. Es decir, “la ruina”.
David tiene su casa en el Carril de los Mirlos. La construyó en 2011 “junto a la carretera nacional. Pago el IBI, la luz, el agua, la basura, lo cual es difícil de entender”. Ahora “apenas duermo porque esto es una bomba de relojería… Tengo 40 años, soy un pobre trabajador… si me tiran la vivienda no tengo posibilidad de hacerme otra, ni tampoco de hipotecarme… uno puede perder los papeles, te puedes volver loco… ¿qué hago? ¿Meterle una patada a una puerta? Son muchas noches sin dormir pensando en qué pasará… cada vez que escucho la moto del correo me da un vuelco el corazón. ¿Qué puede hacer un ser humano al que le tiran la casa y lo arruinan?... una locura porque piensas “por qué tiran la mía y no las demás. Hay más de siete mil viviendas. En mi carril tirarán la mía y dejan setenta”.
¿Se soluciona algo?
Este punto es importante. ¿Qué se soluciona derribando una veintena de casas? “Nada, el problema de la vivienda irregular sigue… Se han construido más de dos mil viviendas desde 2008 y se siguen construyendo a día de hoy. No al ritmo de antes, cuando el boom en la primera década de este siglo, pero se sigue construyendo. El 60 por ciento de los vecinos de Conil vive en el campo. Hay 22.000 vecinos y 7.300 viviendas irregulares…”.
Juan Jesús ahonda en que “no se soluciona tampoco el problema de la vivienda. En mi caso estuve cinco años en lista de espera para una VPO porque comprarse una vivienda en Conil es prohibitivo porque hablamos de unos precios altísimos”, por eso muchas personas optaron por hacerse su propia casa en parcelas en el campo compradas o que ya pertenecían a la familia.
Sobre todo años atrás “cuando había cierta permisibilidad incluso desde el Ayuntamiento. Cuando preguntabas no te decían no la hagas porque te la derribarán”. Por eso desde la Pavic tienen claro que “el responsable de esta injusticia es el Ayuntamiento. Cuando pagué la primera multa y cuando me llegó la primera carta de la Fiscalía, me decían que no me preocupara y mira ahora”.
Margarita incluso ha acudido al Defensor del Menor. En su haber tiene una sentencia de demolición que debería haberse ejecutado el pasado 25 de septiembre. “¿Cómo voy a tirarla? Tengo tres niños menores, de tres, cinco y ocho años. Si la tiro me quedo en la calle. No tengo dónde ir… la respuesta del Defensor es que tener tres menores no influye en la sentencia que ya es firme. Les da igual”.
Relata que cuando “nos llegó la multa del Ayuntamiento la pagamos. Luego nos vino otra carta y nos dijeron que no pasaba nada, que terminase la vivienda por fuera… y en 2015 todo cambia, porque el propio Ayuntamiento pide la demolición y el corte de los suministros de agua y luz… menos mal que la jueza de Chiclana dijo que no se podía cortar esos suministros al haber dos menores en casa. De ahí paso a Cádiz y nos llegó una sentencia a nombre de mi marido con orden de derribo, un año y nueve meses de prisión, dos de suspensión de empleo (que el juez luego revocó porque yo tengo una minusvalía y su trabajo de albañil es la única fuente de ingresos) y una multa que nos han permitido pagar poco a poco”.
El derribo sigue adelante pero ella se pregunta “si la vivienda era ilegal por qué me dieron permiso para la acometida del agua o el suministro de luz”. Además, “vivo a tres kilómetros de Roche donde hay urbanización enorme y se está construyendo otra en el Pinar, con chalet pegados a la costa y cerca del río… ¿eso no es ilegal?”.
Ruina económica
Porque detrás de todo este proceso burocrático, administrativo y judicial se esconden verdaderos dramas humanos. La mayoría de estos 25 afectados por sentencias de derribo “vivimos allí. Si tiran la casa nos quedamos en la calle y arruinados”.
Hagan la suma. El derribo, si lo ejecuta el Ayuntamiento, supone una factura de entre “doce y catorce mil euros”. A eso hay que añadir, además del coste en sí de la construcción de la vivienda, la primera multa que se pagó al Ayuntamiento. La segunda que viene junto a la orden de derribo y el pago a abogados. Y en muchos casos la adaptación de la vivienda para acceder al AFO… “Una ruina… yo ya llevo gastado en multas, abogados y demás, unos veinte mil euros”, afirma David cuya casa aún sigue en pie, es decir, veinte mil euros sin el coste del derribo. Un gasto que “no nos sirve para nada”.
E insiste “¿derribando mi casa, una entre siete mil en Conil y más de 360.000 en Andalucía, se soluciona el problema de la vivienda irregular? No está cerca de un río, ni aislada en un entorno natural… nuestras casas están repartidas en zonas donde hay miles… la mía tiene incluso un patio de vecinos… la última casa denunciada fue en 2016 y en estos cinco años se han construido más de mil viviendas”.
David acudió al Ayuntamiento en 2011 cuando le pusieron la primera multa… “me estuvieron engañando dos años en los que tras hablar con ellos me volvía a casa contento”
En la zona del Sultán del Charco, afirma Juan José, “desde 2008 hasta 2016 se han construido más de 600 viviendas… lo tengo en un plano”. Para este vecino “el beneficiado ha sido el Ayuntamiento, que gracias a estas casas ha generado empleo, ha cobrado y cobra impuestos, y hace favores que luego son votos”.
Dramas personales y familiares
Juan José estuvo a punto de entrar en prisión en 2019… de hecho “puedo entrar mañana mismo”. Estuvo en busca y captura. Llevó a cabo una recogida de firmas… junto unas doce mil. “Hablé con el fiscal y me dieron una demora de dos años para que regularizase la vivienda a través del AFO. Mi casa está pegada al pueblo y había prevista una modificación del PGOU en la que entraba al parecer mi casa. He estado yendo todos los meses pero han pasado tres años y no han hecho nada. Dicen que está en proceso de contratación pero no hay nada a día de hoy, con lo que se acaba el plazo”.
“Puedo entrar en prisión mañana… esa es la realidad”. El motivo es que junto al año y seis meses de cárcel por construir una vivienda ilegal le cayeron nueve meses más por desacato “ya que me negué a tirarla”.
La impotencia… la impotencia les carcome. “No hemos hecho nada distinto al resto de las siete mil viviendas. Sabemos que es ilegal pero no entendemos cómo pueden tirar mientras que otras miles no están en fiscalía, e incluso no han pagado ni una multa. Cómo pueden tirar las nuestras mientras se sigue construyendo. Cómo pueden tirar las nuestras, que son primeras viviendas, mientras hay personas, entre ellas algunos concejales, que tienen cuatro, cinco e incluso diez casas ilegales que son para alquilarlas en verano”.
Juan José asegura que “tengo amigos que no trabajan y viven solo de alquilar varias casas en verano. Conozco a gente que tiene catorce viviendas”. Impotencia al pensar por qué no se actúa en esas viviendas en las que no vive nadie, que son segundas residencias, que no afectan a familias que “si nos tiran la casa nos quedamos en la calle”.
Saben que “es imposible derribar siete mil viviendas, pero ¿qué se arregla, qué se soluciona tirando una, como la mía, que está en mitad de otras seiscientas?”.
Los miembros de la Pavic afirman que “hacemos todo lo que nos pidan para regularizarlas… para acceder al AFO muchos ya hemos cambiado las fosas sépticas para homologarlas… pagamos el IBI, la basura, el agua, la luz”, pero, afirma Antonio, “hay jueces que no lo admiten al tener una sentencia firme y la misma ley de la Junta no se mete al ser una tema ya juzgado”.
Saben además que “se puede dar el caso que algunas de las zonas donde están nuestras casas, en unos meses ya se pueda construir… hay previsión que se regularicen a través de planes especiales… pero ¿por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué tenemos que pagar nosotros? Derribando las nuestras y dejando el resto no se arregla nada y lo saben”.
“Algo gordo va a ocurrir”
¿Hasta dónde van a llegar para alcanzar sus objetivos? La respuesta es clara… “Hasta donde haga falta… no vamos a permitir que nos quiten la vida. Todos somos familias, todos tenemos hijos”. La idea de formar la plataforma “nos ha ayudado porque antes luchábamos cada uno por nuestra cuenta y nadie nos hacía caso”. Ahora convocan concentraciones como la que realizaron en coche en marzo del pasado año. También han convocado una manifestación para el 29 de enero, pendiente de obtener el permiso y que podría atrasarse debido a la situación de la pandemia. Unidos acuden a los plenos “y cada vemos se visualiza más nuestro problema”. Además, “antes íbamos al Ayuntamiento y ni nos atendían. Ahora ya al menos nos atienden”.
Eso sí, “creemos que algunas casas se van a derribar porque no se va a mover nada para evitarlo. Pero también estamos convencidos de que va a ocurrir algo gordo porque estamos desesperados”.
Desesperación que queda patente en las palabras de Juan José. “Ya se lo dije al alcalde, si me derriban la casa, me subo al campanario y me tiro y que ellos se hagan cargo de mis hijos. Estoy arruinado para qué voy a seguir viviendo sino puedo ofrecer a mis hijos ni siquiera una casa en la que vivir. Algo va a pasar porque la gente está desesperada”.
Impotencia. Rabia. Agravio comparativo. Cabezas de turco. Desesperación.
