Al Gobierno de Gibraltar no le ha sorprendido que en una nota a pie de página del proyecto de texto legislativo del Acuerdo de Salida, publicado por los 27 miembros de la UE hoy, se haya hecho mención a la Cláusula 24. Sin embargo, dicha mención constituye "una vergonzosa afrenta a una pequeña nación británica en la que se votó a favor de seguir formando parte de la Unión Europea, con un 96% de los votos".

La nota a pie de página dice lo siguiente:

“Cabe mencionar que el alcance territorial del Acuerdo de Salida, incluido el período de transición, debe respetar los párrafos 4 y 24 de las directrices de negociación del Consejo Europeo del 29 de abril de 2017, en particular en lo referido a Gibraltar”.

La Cláusula 24 pretende otorgar a España derecho de veto sobre la aplicación del período de transición en Gibraltar, así como de cualquier acuerdo futuro entre el Reino Unido y Europa en relación con el Peñón.

En estos momentos, el texto es solo un borrador y solo refleja la visión de la UE, no la del Reino Unido, ni mucho menos la del Gobierno de Gibraltar. De hecho, cabe destacar que la Primera Ministra británica, Theresa May, ha comunicado a los miembros de la Cámara de los Comunes que tanto las decisiones sobre el periodo de transición, como cualquier acuerdo futuro incluirán a Gibraltar. El Gobierno también instará encarecidamente a todos nuestros aliados en el Parlamento británico, de todas las formaciones políticas, que deberán dar su aprobación a dicho Acuerdo de salida, a no hacerlo a menos que Gibraltar sea incluido en el mismo.

El Gobierno de Gibraltar considera que, inherentemente, una transición implica la continuación del actual ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Este ordenamiento incluye la aplicación de cualquier tratado que concierna a Gibraltar. Por tanto, la exclusión de Gibraltar sería contraria a la propia política a este respecto de los 27 miembros de la UE. Esta acción implicaría un grado de discriminación legal y política contra un pequeño territorio inédito en la historia europea moderna.

Asimismo, debe quedar claro que el Gobierno de Gibraltar movilizará todos los instrumentos a su disposición si se realiza cualquier intento de activar la cláusula anterior para excluir al Peñón, sin importar las consecuencias que esto pueda tener para el progreso del Brexit en general. El Gobierno de Gibraltar ya ha recibido asesoramiento legal específico por parte de destacados abogados británicos.

Además, la verdad es que ninguna parte tiene nada que ganar al excluir a Gibraltar de la transición o de cualquier acuerdo futuro. Lo único que conseguiría así España, con la complicidad del resto de Estados Miembros, sería generar incertidumbre para muchos miles de ciudadanos corrientes y sus familias, que viven a ambos lados de la frontera. Hay más de 13.000 ciudadanos que viven en España y trabajan en Gibraltar. Esta cifra incluye a más de 8.000 ciudadanos de nacionalidad española, pero también a ciudadanos de cada uno de los otros Estados Miembros de la Unión Europea. No tiene ningún sentido que España pretenda arrebatarles los derechos adquiridos de los que de cualquier otro modo disfrutarían durante el periodo de transición.

El actual lenguaje amenazante que incluye términos como “vetos” y “exclusiones” no es más que una provocación innecesaria en un entorno ya caldeado, a medida que el Reino Unido se prepara para su salida de la Unión Europea. Por el bien de ambas partes, tanto Gibraltar como España, el proceso del Brexit debería ser uno sensato, que priorice los intereses de los ciudadanos y los negocios de la zona.