Piden que Sanidad pague las terapias contra el tabaco

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) y la Coalición Ciudadanos con enfermedades crónicas han elaborado un documento en el que piden al Ministerio de Sanidad que financie los tratamientos contra el tabaquismo, una patología crónica que causa 54.000 muertes al año en España.

Lograr que un fumador deje el hábito supondría de media (teniendo en cuenta los éxitos y fracasos) unos 241 euros (en un plazo de diez a doce semanas), “cifra asumible por el Estado”, explicó ayer en rueda de prensa el presidente del Separ, Juan Ruiz Manzano, que recuerda que el Ministerio financia tratamientos menos eficaces para enfermedades crónicas de menor mortalidad, como la hipertensión.

Según el Separ, el 60% de los fumadores españoles dice querer dejar fumar, pero si no reciben ayuda médica adecuada sus posibilidades de éxito rondan entre el 5 y el 10%, mientras que si lo recibieran sus posibilidades de lograrlo aumentarían al 45%.

Aunque hay tratamientos eficaces (chicles, parches y pastillas de nicotina, así como el Bupropion y la Vareniclina), sólo el 4% de los fumadores españoles recibe estas terapias adecuadas. El Separ cree que hasta un 20% de los españoles fumadores podría dejar de fumar si los tratamientos fueran gratuitos y universales.

Actualmente, la financiación de los tratamientos depende de las CCAA, lo que provoca que mientras en Navarra y La Rioja se financian por completo (en Madrid también es amplia) en otras es de tipo selectivo (programas pilotos), como ocurre en Andalucía, Cataluña, Ceuta, Castilla La Mancha, Galicia, Melilla y Murcia.

En el vagón de cola, se encuentra las que no ofrecen a sus fumadores ninguna ayuda financiera: Valencia, Aragón, Castilla León, Cantabria, Asturias y País Vasco, explican los autores del documento.

La Separ es una entidad que agrupa a todos los neumólogos y cirujanos torácicos de España y que, junto a la Coalición Ciudadanos con enfermedades crónicas, que agrupa a más de un millón de pacientes, han impulsado la elaboración de este documento, al que se han unido 17 sociedades científicas.

El tabaquismo, que tiene una prevalencia en España del 30% de la población mayor de 16 años (el 80% de ellos con dependencia a la nicotina), es la principal causa prevenible de muerte, con 1.000 fallecimientos semanales.

El coordinador del Área de Tabaquismo del Separ, Carlos Jiménez, explica que, según un estudio realizado en el año 2003, los costes por atender sólo seis enfermedades atribuibles al tabaco (ictus o cáncer de pulmón, entre otras) fue de casi 4.000 millones de euros, cifra que se multiplicarían por tres si se tuvieran en cuenta todos los costes derivados de patologías donde el tabaquismo es factor de riesgo.

Por el contrario, el Estado “sólo” recauda por la fiscalidad del tabaco 5.600 millones, de lo que se traduce que la prevención del tabaquismo sería beneficioso para las arcas estatales.

Un reciente estudio indica que entre el 75 y el 90% de la inversión que se hace para la financiación de los tratamientos del tabaquismo se recupera en un plazo de cinco a siete años, si se tiene en cuenta el ahorro en gastos sanitarios derivados o el incremento de la productividad laboral.

El presidente de la Coalición de Ciudadanos, José Antonio Herrada, defendió esta medida porque “la sociedad civil lo está demandando”, pero cree que depende primero de la voluntad del Ministerio de Hacienda, encargado de las finanzas del Estado.

“Ninguna administración nos ha dicho que no, nos aseguran que están en ello, pero llevamos mucho tiempo así”, ha dicho Herrada, para quien es esencial un frente común de todas las comunidades.

En cuanto a la ley española contra el tabaquismo, Ruiz Manzano asegura que se encuentra desfasada y confía en que Sanidad apueste por una vía más radical, aunque cree que en el Gobierno pesan también los ingresos que proceden del tabaco. No obstante, los promotores de este documento tienen el compromiso de la ministra de que la ley será más restrictiva tras su revisión.

Sobre las quejas del sector hostelero por los efectos que podría tener en sus negocios una ampliación de la ley, el presidente del Separ apunta que en otros países donde la ley se está aplicando de forma rigurosa estos establecimientos no se han resentido.