La Central Sindical Independiente de Funcionarios, CSIF, ha remitido una carta al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, en la que denuncian la situación de “indefensión jurídica” en la que se encuentran los funcionarios que trabajan en la Formación Profesional para el Empleo, y que se han visto implicados, ya sea como testigos, en la mayoría de los casos, o como imputados, en el sumario de instrucción de los Cursos de Formación que salpica a la Junta de Andalucía y a las empresas que los impartieron, conocido en su día como la Operación Edu.
En la denuncia que hacen expresa desde el sindicato de funcionarios, hablan de que hay “falta de defensa jurídica por parte de la Junta de Andalucía” en favor del colectivo, por lo que aquellos trabajadores públicos que se encuentran implicados como testigos o imputados en el sumario, tienen que “hacer uso de sus propios medios económicos para atender a su defensa”, y critican que “al parecer eso no ocurre cuando se trata de personas con mayor responsabilidad jerárquica”. A ellos, a los altos cargos de la Junta relacionados con esta trama de subvenciones no justificadas para la formación, “se les da protección jurídica y además acomodo en otros puestos de trabajo fuera del ámbito competencial de la Formación Profesional para el Empleo”, según un comunicado del CSIF Andalucía sellado por Enrique Álvarez de Toledo, presidente del Sector de Administración General de la Junta de Andalucía de CSIF-A.
La falta de carga de trabajo afecta a los testigos e imputados en el sumario, y también a todos los trabajadores en general que ejercen sus funciones en la formación para parados. Fuentes del sindicato aseguran que “desde la trama Edu, se han paralizado todos los cursos. Desde el año 2011 no se imparten cursos. Y al paralizarse los cursos, no hay trabajo”. Esto está derivando en lo que CSI-F describe como “ una situación psicológica de alto riesgo por la falta de trabajo, y la falta de perspectiva de solucionarse a corto plazo”.
Y es por ello por lo que solicitan al Defensor del Pueblo Andaluz que “abra un expediente de queja “ y articular los mecanismos necesarios que impulsen “fórmulas que permitan resolver una situación laboral muy delicada”. Proponen, por ejemplo, la movilidad temporal de los trabajadores públicos “a otros puestos de trabajo de la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía”.
Funcionarios en tela de juicio desde el mes de febrero
La Operación Edu contra el fraude en los cursos de formación comenzó en abril de 2014 con una investigación iniciada por la UDEF tras una denuncia de la Seguridad Social, en la que se han visto implicados decenas de empresarios y políticos que, según los investigadores, habrían defraudado unos 2.000 millones de euros, aunque las primeras detenciones e imputaciones no se llevaron a cabo hasta el 10 de febrero de este año. La investigación se centra en la concesión de subvenciones del Gobierno andaluz, sobre todo en la convocatoria de cursos de Formación Profesional Ocupacional (FPO) de diciembre de 2010. Las empresas investigadas, según la UDEF, habrían cometido falsedad en la documentación presentada junto a las solicitudes para acceder a las ayudas con el fin de simular la experiencia en formación que se exigía en la convocatoria. La investigación policial aprecia también casos de facturas falsas con las que empresas justificaban gastos no realizados, falsificaciones en los partes de asistencia de los alumnos y suplantación de personalidad de algunos de los monitores que debían impartir la enseñanza para “inflar ilícitamente el gasto justificado en docencia”. Igualmente se descubrieron incumplimientos sistemáticos tanto en los contratos como en las obligaciones posteriores de las empresas. De fondo, la falta de vigilancia desde la Junta para evitar el fraude.
