La polémica está llegando a los ayuntamientos de la provincia por un asunto de fuertes implicaciones políticas, sociales y económicas, a las que hay que añadir la implicación de Podemos y el papel decisorio del PSOE.
El centro de la cuestión: el Pacto Social por el Agua, un documento  que ya ha llegado a varios ayuntamientos de la provincia, caso de Cádiz, Jerez, Sanlúcar y Barbate -próximamente lo hará al ayuntamiento de El Puerto de Santa María-, que ya han debatido sobre el mismo con resultado diferente en cada caso: ayuntamientos donde el PSOE vota a favor del Pacto, otros en los que no quiere aprobarlo pero acaba votando a favor de la propuesta, y otros donde es rechazado.
El nexo de unión en todos esos municipios es que la propuesta es casi siempre llevada a pleno por Izquierda Unida y/o agrupaciones de electores vinculadas a Podemos, mientras el PSOE adopta posturas diferentes en cada caso.
Se trata de un Pacto que, a priori, resulta necesario, coherente y socialmente justo. y sin empargo ¿por qué entonces está siendo objeto de disputas políticas?
El documento propuesto contiene doce puntos que Podemos e Izquierda Unida en la mayoría de los casos, están llevando a los plenos de sus respectivos ayuntamientos como una hoja de ruta, un compromiso firmado al que se adhieren los equipos de gobierno local para garantizar que el agua sea de gestión pública y que implica, además, como requisito la adhesión a Aeopas, la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento.
Pero a pesar de que la propuesta se basa en un discurso noble, el del agua como un derecho humano que ha de ser garantizado, su puesta en práctica no está clara.
Hay que partir del hecho de que la titularidad del agua es siempre pública, aunque luego son los ayuntamientos o la administración competente quienes eligen cómo gestionar el abastecimiento y el saneamiento de aguas en su territorio: si por medio de una empresa pública, privada o mixta.
El llamado Pacto Social por el Agua busca garantizar el carácter público del agua, y que ésta sea gestionada siempre por entes públicos,  y con ello blindarla frente al desembarco de las empresas privadas en el sector de abastecimiento y saneamiento. “Este movimiento es un movimiento de resistencia frente a las privadas”, define una de las principales caras del movimiento por el agua pública, Luis Babiano, gerente de Aeopas.
La adhesión al Pacto por parte de los ayuntamientos persigue garantizar el agua pública incluso en aquellos casos en los que el agua ya está siendo gestionada por una empresa privada en forma de concesión, lo que ha provocado una especie de guerra política en algunos de los ayuntamientos más importantes de la provincia, sea la gestión de su agua de titularidad pública o privada.
La primera disputa abierta en torno a esta cuestión, donde se destaparon los primeros escarceos dialécticos, fue la de Cádiz.
El pasado 28 de agosto, la formación política Por Cádiz Sí Se Puede llevó al pleno la propuesta de adhesión al Pacto Social por el Agua, y esta fue rechazada por los votos en contra del PSOE.
El motivo quedó evidenciado en la disputa que mantuvo el socialista Fran González con el alcalde de Cádiz. El centro de la enmienda socialista para rechazar la adhesión al Pacto Social por el Agua fueron las dudas expresadas por Fran González respecto a Aeopas y a su gerente, Luis Babiano, así como a la “forma en la que nos habían metido el Pacto sin consultar con la oposición”. Fran González ha declarado a este medio que “el original Pacto Social por el Agua que se nos presentó fue modificado sin nuestro conocimiento para incluir la exigencia de que el ayuntamiento se asociará a Aeopas”.
La empresa municipal que gestiona el agua en Cádiz, Aguas de Cádiz S.A., pertenece ya a otra asociación de operadores públicos, privados y mixtos de agua, la Asociación de Abastecimiento de Agua y Sanemaiento de Andalucía, ASA. Firmar el Pacto Social por el Agua obliga a Aguas de Cádiz a salir de ASA y a entrar en Aeopas.
En el pleno del pasado agosto, Fran González reciminó al alcalde de Cádiz, José María González Kichi, que el gerente de Aeopas, Luis Babiano, “es conocido del señor alcalde por ser integrante de la formación de Por Cádiz Sí Se Puede, o en el ámbito de Podemos a nivel nacional”, motivo por el cual “cuestionamos el hecho de querer salir de una sociedad que representa a 98 entidades públicas, privadas y mixtas [ASA, presidida por Pedro Rodríguez], responde a otros criterios que no son estrictamente el del beneficio y la responsabilidad de Aguas Cádiz de ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos”.
La tensión acerca del agua en la capital tiene una pregunta evidente detrás: ¿qué interés hay en salir de ASA y formar parte de Aeopas? Los socialistas de Cádiz lo tienen claro: “abandonar una asociación que defiende los intereses públicos para formar parte de otra cuyo gerente es un integrante de Podemos”. Y van más allá. Los socialistas ven detrás de esto “un intento de crear una red institucional y política de amigos, compañeros y simpatizantes de Podemos”.
El pasado martes 27 de octubre, el pleno del ayuntamiento de Sanlúcar votó en contra de la misma propuesta que se llevó a Cádiz, con los nueve votos en contra del PSOE, las tres abstenciones de Ciudadanos, las seis del PP, los cuatro votos a favor de IU, y los tres de Podemos. En Sanlúcar el agua está gestionada por la multinacional Aqualia (FCC).
En Barbate, donde también opera Aqualia, la propuesta ha sido aprobada, y se llevará en breve al pleno del ayuntamiento de El Puerto de Santa María.
El caso de Jerez tampoco está exento de polémica. La adhesión del ayuntamiento  a este Pacto se llevó al pleno del pasado mes de septiembre y fue aprobado a pesar de las reticencias iniciales del PSOE, y gracias a los votos a favor de la misma bancada socialista.
En Jerez la gestión del agua fue privatizada en enero de 2013 y se dio la concesión a Aqualia por un valor de 80 millones de euros a un plazo de 25 años, por lo que la adhesión al Pacto Social por el Agua acarrea sus dudas en Jerez, ya que aunque Aeopas trata de revertir el proceso de privatización del agua, remunicipalizar  este servicio en Jerez  supondría tener que pagar a la empresa concesionaria los 80 millones de euros que costó la compra del servicio, más el lucro cesante, es decir, el beneficio que la empresa privada dejaría de recibir en los 25 años de contrato si se interrumpe la concesión, más los intereses. Un monto total que puede superar los 140 millones de euros, y, sobra decir, una cantidad de la que ni dispone ni aspira a disponer en el corto y medio plazo el ayuntamiento jerezano y que, en todo caso, se agarra a que surja algún incumplimiento del pliego por parte de la empresa como única vía para conseguir su compromiso de que el agua vuelva a ser pública.

“Me equivoqué al tomar parte en las negociaciones con Kichi”

meramente profesional, no político”, insiste Luis Babiano en reiteradas ocasiones ante las preguntas de Información.
Pero no piensan lo mismo quienes se han sentado en la misma mesa con él. Fran González, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, recuerda que fue a él a quien estrechó la mano en el transcurso de las negociaciones entre su partido, el PSOE, y el del que ahora es alcalde de Cádiz, José María González Kichi, de Por Cádiz Sí Se Puede.
Cuando el equipo de Gobierno en conjunto, formado por Ganar Cádiz en Común (IU y Equo) y Por Cádiz Sí Se Puede (Podemos), presentó en el pleno de agosto la propuesta de adhesión al Pacto Social por el Agua, el PSOE ya apuntó la casualidad: la persona que había tomado parte en las negociaciones para llegar al pacto de Gobierno entre PSOE y Por Cádiz Sí Se Puede, era la misma persona que ocupa la gerencia de Aeopas: Luis Babiano. La misma asociación que luego se incluiría en el Pacto Social por el Agua, y a la que Aguas de Cádiz debía asociarse si firmaba el Pacto.
El socialista González hizo notar esa coincidencia, y apuntó la posible “creación de un entramado institucional y político entre amigos, compañeros y afines a su organización política”.
El gerente de Aeopas, Luis Babiano, ha reconocido a Información que efectivamente participó en las negociaciones, “pero solo en la primera”. Sobre sus relaciones con Podemos, y  a pesar  de remarcar que su cargo es meramente profesional porque “llevo 25 años dedicándome profesionalmente al sector del agua”, afirma que no milita en Podemos, ni a nivel local ni a nivel nacional: “participé en las negociaciones porque soy amigo de Kichi. Participé porque él me lo pidió, para intentar mediar y encontrar puntos de acuerdo entre los dos grupos. Pero me equivoqué al implicarme. Ser gerente de Aeopas no es ningún cargo político”.
Babiano, antropólogo de formación, recibió en 1997 el premio Real Maestranza de Sevilla al mejor expediente académico en Geografía e Historia.
Y como antropólogo analiza el fenómeno de la privatización del agua: “España es un país muy débil en términos de institucionalización. Venimos de unas viejas intituciones predemocráticas que, al margen de la política, eran también muy débiles en su composición. Apenas daban servicios de calidad. Me refiero a gestión no en cuento a infraestructuras. Faltaba dotación profesional, administrativa y económica. Esto hace que en España sea más fácil la llegada de las empresas privadas en la gestión de recursos básicos, como lo es el agua. A priori es una necesidad, porque como la gran asignatura pendiente de la democracia ha sido la financiación de los entes locales, y como los entes locales son los que legalmente tiene que administrar el servicio de agua y saneamiento, hace que ese fenómeno de escasez de recursos y el hecho de que el agua es un potencial negocio, hace que sea privatizado”. Además, explica que la privatización de la gestión del agua “abre el campo a la especulación de las empresas privadas con un recurso básico como es el agua”.
Su trayectoria profesional vinculada al agua lo llevó a ser asesor del Ministerio de Medio Ambiente entre 2005 y 2010, coincidiendo con las  legislaturas de Zapatero; cargo que abandonó al conseguir la gerencia de Aeopas en 2010,  que está “dando pasos por el cambio. La sociedad se está organizando por el reconocimiento del agua como un derecho humano”. Con Aeopas ha conseguido entrar en los ayuntamientos de Sevilla, Jerez, Barbate y Sanlúcar, gracias a Izquierda Unida y las distintas formaciones locales de Podemos y otras plataformas, pero reconoce que “hablan con todos los actores políticos y aquel que quiera canalizar la voluntad ciudadana llevará el Pacto Social por el Agua”.
Ha anticipado que el movimiento por el agua pública va a remitir una serie de propuestas a los distintos partidos que concurran a las elecciones generales “para que las tengan en cuenta en sus programas electorales”.
El Pacto Social por el Agua pasa por contactos políticos. Todo ello mediante un discurso que pivota sobre el agua como un derecho humano, el afán especulador de las empresas privadas con respecto al agua y el suministro asegurado a las familias con dificultades económicas. Pero, claro, todo ello a cambio de una “colaboración económica con Aeopas” que está sembrando reticencias y que deben abonar los ayuntamientos.

El equipo de Gobierno, a propuesta de IU y Ganemos, aceptó el Pacto Social por el Agua, que llevaba aparejado la contratación de Aeopas, que supone al ayuntamiento de Jerez un coste de 4.500 euros al año.
De hecho, el Pacto que viene recogido en la web iniciativagua2015.org, especifica en su punto número diez que los firmantes de ese documento se comprometen a abandonar las asociaciones de operadores de agua, como ASA en Andalucía, porque “obstaculizan el reconocimiento del derecho humano al agua”. Y prescribe que los ayuntamientos  “deben abrirse a la cooperación con organizaciones de operadores públicos”. En una nota a pie de página se señala que la única organización de ese tipo es Aeopas, “que promociona de manera efectiva la gestión pública y participativa del agua”.

Qué es AEOPAS
La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, Aeopas, cuyo gerente es Luis Babiano, es según su propio gerente un “movimiento de resistencia frente a la privatización del agua”. Sobre la composición de la asociación, Babiano asegura que “en nuestros estatutos se recoge que somos una asociación de operadores públicos de agua y saneamiento, con participación de la sociedad civil, donde tienen representación las ONG, el 15 M, Solidaridad Internacional, CCOO, la USO, asociaciones de vecinos, etc.”. Pero nada quedaEl equipo de Gobierno, a propuesta de IU y Ganemos, aceptó el Pacto Social por el Agua, que llevaba aparejado la contratación de Aeopas, que supone al ayuntamiento de Jerez un coste de 4.500 euros al año.
De hecho, el Pacto que viene recogido en la web iniciativagua2015.org, especifica en su punto número diez que los firmantes de ese documento se comprometen a abandonar las asociaciones de operadores de agua, como ASA en Andalucía, porque “obstaculizan el reconocimiento del derecho humano al agua”. Y prescribe que los ayuntamientos  “deben abrirse a la cooperación con organizaciones de operadores públicos”. En una nota a pie de página se señala que la única organización de ese tipo es Aeopas, “que promociona de manera efectiva la gestión pública y participativa del agua”.

Qué es AEOPAS
La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, Aeopas, cuyo gerente es Luis Babiano, es según su propio gerente un “movimiento de resistencia frente a la privatización del agua”. Sobre la composición de la asociación, Babiano asegura que “en nuestros estatutos se recoge que somos una asociación de operadores públicos de agua y saneamiento, con participación de la sociedad civil, donde tienen representación las ONG, el 15 M, Solidaridad Internacional, CCOO, la USO, asociaciones de vecinos, etc.”. Pero nada queda claro acerca de qué función cumple Aeopas dentro del Pacto Social por el Agua, ni sobre qué servicio prestará a los ayuntamientos que se asocien a esta sociedad. Lo que sí parece estar claro es que la adhesión a Aeopas tiene un coste para las arcas municipales por prestar un servicio que ninguno de los interlocutores de Información ha sabido precisar. Ni Luis Babiano, ni el presidente de ASA, ni los propios ayuntamientos.
El presidente de la Asociación de Agua y Saneamiento de Andalucía (ASA), Pedro Rodríguez, ha asegurado en entrevista con este medio que “Aeopas aglutina a la sociedad civil y a operadores públicos. ASA por su parte es una organización profesional y técnica, de la que forman parte tanto empresas públicas como Emasesa, Aljarafesa [que preside el mismo Pedro Rodríguez], como privadas y mixtas”. Rodríguez especifica que ASA “actúa como interlocutor directo con las administraciones, sin mediación de partidos políticos”, aunque ha querido dejar claro que “tienden la mano a Aeopas para llegar a puntos de encuentro aunque puedan existir diferencias”. Pero siempre sin precisar  cómo trabaja Aeopas: “no tengo que ser yo quien defina a Aeopas”.
Lo cierto es que Aeopas, según Babiano, comprende diversos actores del ámbito civil, de las ONG, sindicatos y otros actores sociales, y tiene una junta directiva en la que tampoco faltan reconocidos representantes del PSOE andaluz, caso de Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación de Sevilla, que ostenta la presidencia de Aeopas, o de Manuel Domínguez Limón, vicepresidente segundo, que es el director ejecutivo de Giahsa, la empresa para la Gestión Integral del Agua de la Costa de Huelva. 
Entre las empresas públicas que pertenecen a Aeopas están Gestión Medioambiental de Puente Genil, Aguas de Lucena, Aguas de Medina Sidonia, Aguas de la Sierra de Cádiz, Aguas de la Costa de Huelva, de Sevilla, de Écija, de la Sierra Sur de Sevilla, del Condado de Huelva, el Ayuntamiento de Puerto Real, la Diputación de Sevilla o la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía entre otros. Organizaciones como la Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía, Solidaridad Internacional de Andalucía, la Federación de Ingeniería sin Fronteras, la Federación de Servicios  Públicos de CCOO, la Unión de Consumidores de Andalucía o ATTAC España forman parte también del apartado civil de Aeopas

“El Pacto se presenta de forma unilateral y se modifica sin nuestro conocimiento”

Abrió la veda y ahora los ayuntamientos recelan de la propuesta del Pacto Social por el Agua y de Aeopas.
Fran González puso sobre la mesa del pleno del ayuntamiento del pasado mes de agosto lo que a día de hoy siguen siendo incógnitas algunas de ellas sin resolver: qué es Aeopas, por qué el gerente de Aeopas formó parte de negociaciones políticas como asesor de Podemos cuando, como él dice: “no milito en Podemos”, qué intención subyace a la salida de ASA y la asociación Aeopas, qué aportación económica hay que hacer a Aeopas y en concepto de qué.  Para Fran González, la llegada de Aeopas por medio del Pacto Social por el Agua es un intento de “crear un entramado institucional y político de amigos, compañeros y conocidos de Podemos”, y eso, sumado a la falta de claridad acerca de cuánto costaría Aeopas al ayuntamiento de Cádiz, llevó al PSOE a votar contra un pacto cuyo discurso suscriben. “El Pacto se trajo [al pleno] de forma unilateral sin consultar con la opisición. Cuando comparo el contenido [del Pacto] con el expediente del equipo de Gobierno sobre el tema del agua, nos encontramos con que el expediente incluye añadidos que no tenía el Pacto. Nos encontramos con que se ha introducido una serie de variables, una de ellas es que los operadores y asociaciones que trabajan con agua exigen que nos asociemos a Aeopas, y el gerente es un tal Luis Babiano. A partir de ahí nos alertamos porque Babiano es representante de Podemos, vino a hablar conmigo cuando estuvimos negociando... Él estuvo dándome la mano. La propuesta de pleno lleva aparejado que el ayuntamiento y Aguas de Cádiz tienen que hacer una aportación económica que no explican a Aeopas”, denuncia González en referencia a la disputa política que salió a la luz en el citado pleno de agosto.