Los ediles de PCSSP, David Navarro y Adrián Martínez de Pinillos llegaron a las 10 horas al Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz, para declarar junto a otras 10 peresonas por una falta de desobediencia a la autoridad que tuvo lugar el pasado 22 de junio durante el desalojo de Antonio Moreno y su familia. Navarro indicó que se trata de un proceso habitual dentro del marco legal que en este caso se ha mediatizado por participar en él dos concejales del equipo de Gobierno del Ayuntamiento gaditano.
El edil aseguró que no se arrepiente de lo que hizo y que “sin ninguna duda” lo repetiría porque la condición de activistas va “en el ADN de los concejales de PCSSP”. Navarro destacó que no es la primera vez que se enfrenta a un juicio por este mismo motivo, ya que en una ocasión también lo desalojaron por una protesta similar en el Parlamento andaluz “la diferencia es que entonces no ocupaba un cargo político”.
A juicio de Navarro ninguno de los llamados a declarar ha incurrido una ilegalidad, en cambio, el Gobierno de España “no puede decir lo mismo porque se están saltando todos los sistemas internacionales que van contra el derecho fundamental de la vivienda”. En este sentido, precisó que la Ley Mordaza, que entra en vigor mañana, no va a suponer un freno a su condición de activistas y en este sentido avanzó que seguirán posicionándose “junto a la parte más débil”.
En el caso de que finalmente les sea impuesta una multa, el concejal dejó claro que la cuantía de la misma “correrá a cargo de los bolsillos de cada uno de nosotros y en ningún caso supondrá un gasto para el Ayuntamiento”.
Dos horas después, salían los concejales del juicio que finalmente quedó suspendido por “causas de procedimiento”. Estas causas son principalmente dos, por un lado, que la fiscal entendía que debían estar presentes todas las personas que aparecían en el atestado policial y dos de ellas no habían sido llamadas a declarar. Asimismo, entre los citados a declarar había un menor, presente en los juzgados, que, entiende la fiscal, debe ser juzgado en un procedimiento separado del de los mayores de edad.
Navarro explicó a los medios que los abogados de Por Cádiz sí se puede han pedido que se archive la causa para evitar que se les pueda aplicar la Ley Mordaza. En el caso de que finalmente tengan que pagar una multa, y se les aplique la Ley Mordaza, la cuantía puede oscilar entre los 600 y los 3.000 euros. Un dinero que en todo caso saldrá de los bolsillos de cada uno de los citados. De momento, no hay fecha para el juicio si éste llega a celebrarse.
