La mujer que se intentó quemar a lo bonzo este martes en las oficinas de la empresa municipal de la vivienda de Cádiz (Procasa), no procedió al desalojo pacífico de la vivienda este miércoles para irse a una pensión diez días, como les ha ofrecido el Ayuntamiento.
Asegura que buscarán otra vivienda cuyo alquiler sufragará en un 90 por ciento el Consistorio gaditano, pero que esa búsqueda la efectuarán los miembros de la familia desde la casa que están okupando actualmente.
Según indica la mujer que intentó este martes quemarse a lo bonzo a Europa Press, la familia ha tomado esta decisión pese a que su marido ha firmado este miércoles un documento en el que se compromete al desalojo pacífico de la vivienda y la aceptación de la propuesta municipal de pagarle a la familia una pensión durante diez días.
Esta mujer sostiene que la enfermedad que arrastra su marido "imposibilita" que la familia pueda quedarse en una pensión, aunque recalca que buscarán una vivienda de alquiler en los próximos diez días.
Asimismo, explica que el problema de buscar dicho alquiler radica en que "nadie alquila cuando saben que el que deben abonar el alquiler es el Ayuntamiento, porque tarda en pagar", si bien destaca que la ayuda económico de un programa televisivo "facilita las cosas".
Por ello, critica que no sea el Ayuntamiento el que les ponga en contacto con "un propietario que quiera alquilarle su propiedad al Ayuntamiento, porque el problema es que los propietarios no se fían del propio Ayuntamiento".
La mujer defiende que su marido ha firmado el documento en el que se recogía la aceptación de la propuesta municipal "porque si no nos quitaban los muebles y nos ponían en la calle, y firmando nos daban un local para guardar los tiestos", si bien matiza que la unidad familiar "ha reflexionado" sobre este extremo y ha decidido permanecer en la vivienda en vez de marcharse a una pensión había acordado con el Consistorio gaditano.
OTRO "DESALOJO INMINENTE" EN LA ZONA
A apenas 50 metros de la vivienda en la que reside esta familia está previsto que se ejecute un desalojo de otra vivienda habitada también por una unidad familiar, en este caso compuesta por una pareja y sus dos hijos menores de edad.
La pareja explica que ambos están "en paro, sin ingresos y con dos niños menores", y que la autoridad judicial le ha dado 48 horas para desalojar la vivienda, que fue okupada por ellos cuando el anterior inquilino de la misma falleció y la casa quedó vacía.
"Los vecinos nos avisaron de que un inquilino había fallecido y de que la casa estaba sola, porque los familiares del mismo, en vez de avisar a Procasa, dejaron la casa vacía", detalla, al tiempo que sostiene que "cuando esos familiares comprobaron que nos habíamos metido en la casa fue cuando denunciaron la situación a Procasa".
La unidad familiar, que se encuentra en el número 177 de la lista de espera para acceder a una vivienda municipal, apunta que lleva inscrita en el citado registro de demandantes de vivienda "casi tres años". Según estas personas, Procasa las conmina "a esperar a llegar al número uno en la lista, porque dicen que de momento estoy en exclusión social moderada".
La pareja reclama una vivienda que pueda pagar y trabajo. "No pedimos nada del otro mundo: sólo trabajo y una vivienda digna para nuestros hijos", afirman, y sostienen que no van a "firmar nada" porque no están "cometiendo ningún crimen, sino exigiendo una casa".
Un nutrido grupo de personas se ha concentrado en la zona donde se ubican las viviendas, conocida como Cerro del Moro, y se han organizado en turnos para intentar evitar ambos desalojos.
