El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz ha señalado tras el suceso ocurrido ante la sede de Procasa que la familia que ocupa desde marzo de 2013 de forma ilegal la vivienda municipal situada en la calle Grazalema 2, 4ºD, compuesta por un matrimonio, R.J.A. y R.M.R.R. y sus dos hijos de 16 y de 19 años de edad, ha sido atendida tanto por los Servicios Sociales como por la empresa municipal de la vivienda Procasa desde hace meses para buscar una solución a su problema de vivienda.

En primer lugar, Procasa solicitó la adopción de una medida cautelar de desalojo de la vivienda por el perjuicio que esta situación de ocupación ilegal de la vivienda estaba ocasionando a la familia adjudicataria de la misma, procedente del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda.

Con fecha de 29 de agosto de 2013, el Juzgado dictó una providencia en la que se acordaba el desalojo de la vivienda para el 20 de septiembre, aunque esta familia procedió a solicitar una aplazamiento. Tras remitir el Juzgado dicho escrito a Procasa, “no nos oponemos y se acuerda posponer el desalojo hasta el 31 de octubre, acordándose esta fecha mediante Providencia del Juzgado”.

Una vez se acerca la fecha, el denunciado vuelve a solicitar un nuevo aplazamiento, fijándose éste sin la oposición de Procasa hasta el 31 de diciembre de 2013. Llegado el momento, nuevamente se pide el tercer aplazamiento acordándose la suspensión del desalojo y señalando una nueva Providencia como nueva fecha el 1 de febrero de 2014 aunque en esta ocasión el Juzgado advierte expresamente que “este será el plazo definitivo, ya que hay que tener en cuenta que otras personas tienen mejor derecho para ocupar la misma, por lo que la situación no se puede mantener en el tiempo”. Resaltar que esta advertencia se hace a instancias del Ministerio Fiscal, en un informe emitido el 26 de diciembre de 2013.

La familia sigue permaneciendo en la vivienda hasta que el pasado 13 de mayo se dicta una nueva Providencia en la que, ante el incumplimiento del desalojo requerido para el 1 de febrero, se acuerda el lanzamiento para el 28 de mayo.

Por tanto, el equipo de gobierno confirma que desde Procasa se ha evitado hasta en cuatro ocasiones el desalojo de la vivienda puesto que se han solicitado un total de cuatro aplazamientos desde septiembre de 2013 hasta la fecha y “el Ayuntamiento nunca se ha opuesto a ninguno de ellos, demostrando así su voluntad de colaborar para evitar que esta familia se quede en la calle”.

Por su parte, la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cádiz ha atendido en varias ocasiones a esta familia, concediéndole una ayuda de 1.000 euros para alquiler de vivienda en enero de 2014 aunque esta ayuda no ha sido justificada. “Desde enero hasta la semana pasada, esta familia no ha vuelto a requerir la atención de Servicios Sociales, que le ofreció ayuda para alquiler periódico aunque debe justificar que ese dinero fue dirigido para vivienda, hecho que no ha ocurrido aún”. No obstante, “se le ha ofrecido que busquen una vivienda de alquiler para poder ofrecerles las ayudas”.

El concejal de Vivienda, Pablo Román, acompañado de distintos técnicos de Procasa ha estado reunido por espacio de tres horas con R. M. R. R., que finalmente ha amenazado con prenderse fuego, algo que ha sido evitado por el propio concejal.

El equipo de gobierno insiste en que esta familia “tiene que buscar una vivienda para que pueda procederse a la concesión de ayudas de alquiler periódico que se ofrecen desde la Delegación de Servicios Sociales. Asimismo y ante el inminente desalojo decretado por el Juzgado, también se le ha ofrecido un alojamiento de urgencia en una pensión, algo que también ha sido rechazado”.

El gobierno local asegura además que “hay una familia a la que se ha adjudicado esta vivienda, en la que uno de sus miembros tiene una discapacidad, que procede del Registro de Demandantes de Vivienda y que, según los informes de los técnicos municipales, está en una situación de mayor necesidad para ocupar la misma. Y, por supuesto, de una forma legal bajo los criterios estipulados en dicho registro para la adjudicación de viviendas municipales”.