La ley reconoce -desde 2007- el derecho a que las personas sordas dispongan de los recursos necesarios para desenvolverse en cualquier ámbito de la vida, implantando en los centros públicos un servicio de interpretación de lengua de signos, pero con la crisis su desarrollo, que era lento, se ha ralentizado.

Las previsiones para este año son desalentadoras en algunas federaciones, que han recibido menos dinero de las administraciones para desarrollar el servicio de interpretación, y han tenido que reducir la contratación de estos profesionales, que ayudan a las personas sordas a entenderse con el médico o a desenvolverse durante una entrevista de trabajo.

En Murcia, este año, sólo habrá un intérprete de lengua de signos, frente a los cinco que tenía en 2010; en Andalucía también se reducen de 44 a 35, y en Cataluña de 24 a 10, según datos facilitados a Efe por la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE).

Con la crisis, las administraciones -central, autonómicas y locales- han recortado los presupuestos y las federaciones advierten de que tendrán que dejar servicios sin cubrir, lo que va a provocar una situación de desigualdad territorial, dependiendo de dónde viva la persona que padezca esta discapacidad, denuncia la CNSE.

En España, hay 1.064.000 personas que padecen distintos grados de sordera o algún tipo de discapacidad auditiva, indica el Instituto Nacional de Estadística.

El número de usuarios de lenguaje de signos supera las 400.000 personas, y entre estos usuarios no sólo figuran las personas sordas, sino todas aquellas que por razones familiares, afectivas o laborales han aprendido dicha lengua, aclaran en la confederación.

Desde que entró en vigor la ley en octubre de 2007, la Administración Pública está obligada a facilitar el acceso a la información y la comunicación a las personas sordas usuarias de lengua de signos o a cualquier otra persona sorda, con algún grado de discapacidad auditiva o sordociega.

En lo referente a la lengua de signos, España está muy lejos de alcanzar la media europea en lo que a servicios de interpretación se refiere.

Mientras que la media en Europa es de un intérprete por cada 10 personas sordas, en nuestro país la cifra es de un intérprete por cada 125 personas, recuerda la Confederación.

Con el dinero que aporta la administración central se financia este servicio medio año, y el resto se cubre con subvenciones de administraciones territoriales y ayuntamientos, entre otras, aunque en muchas federaciones se interrumpe durante meses cuando se ha terminado el dinero.

Las personas sordas también pueden comunicarse a distancia con otros sordos u oyentes a través de una plataforma de vídeo-interpretación, conocida como SVisual, que permite el contacto en lengua de signos, lengua oral, mediante la lectura labial o a través de chat que les permite hacer gestiones telefónicas como pedir una cita médica.

En el ámbito educativo, hay una decena de colegios bilingües en lengua de signos -a los que asisten niños sordos y oyentes- distribuidos en Madrid, Cataluña, Andalucía y Galicia, y en un centenar de centros de educación primaria utilizan la lengua de signos además de una lengua oral.

Se estima que hay 11.700 niños sordos o con discapacidad auditiva de entre 6 y 15 años de edad, de los que 8.700 son niños y 3.000 niñas.

La citada ley también establece normas a las televisiones, tanto públicas como privadas. Para este año, las públicas están obligadas a subtitular la mitad de su parrilla y a emitir tres horas con lengua de signos, mientras que las privadas deben tener disponible al menos un 25 por ciento de su parrilla subtitulada a primeros de año y el 45 por ciento en diciembre, además de media hora de lengua de signos.

En caso de incumplimiento, la ley audiovisual establece sanciones que oscilan entre una multa de 100.001 hasta 500.000 euros.