Las universidades perderán 220.000 alumnos hasta 2016

Las carreras universitarias perderán 220.557 matriculados entre 2009 y 2016, con un descenso del 16,9%, aunque esta tendencia cambiaría suavemente a partir de entonces, según cálculos de un informe editado por la Universidad de Cantabria y Banco Santander.

“La menor demanda que se prevé –matiza el documento– no debe ser entendida como un problema, sino como una oportunidad en pro de una enseñanza de mayor calidad, de una disminución de la ratio de alumnos por profesor, de una mayor disponibilidad de tiempo para la investigación y para los postgrados y doctorados; en definitiva, en pro de una universidad de calidad de excelencia”.

El informe, titulado Universidad, sociedad y territorio, apunta, sin embargo, que los efectos de la inmigración en la demanda universitaria empiezan ya a percibirse, ya que representa un 1,7% actualmente y puede elevarse hasta el 5% en la próxima década.

En términos absolutos, la caída de la demanda universitaria será desigual por zonas geográficas, ya que se prevé más pronunciada en el cuadrante noroccidental de la península (Oviedo, León, Santiago, Valladolid, Cantabria, Burgos y La Rioja) que en el levante y el sur.

Por ejemplo, el distrito de La Coruña y Santiago de Compostela (dos universidades) perdería un 23,8% de alumnos; el de Madrid (13 universidades), un 19,1%; el de Barcelona (nueve universidades incluida Oberta de Catalunya), un 17%; Valencia (cuatro universidades), un 16,82%, y Sevilla (dos universidades), un 12,95%.

El informe constata que la universidad española ha pasado de la explosión de la demanda de titulaciones superiores en los años sesenta, setenta y ochenta al estancamiento de los noventa y la caída sostenida del momento actual, debido a un descenso de la natalidad fundamentalmente.

Como consecuencia, el número de alumnos de nuevo ingreso se reduce entre uno y tres puntos porcentuales cada año y así se mantendrá hasta 2016, “pudiendo cambiar la tendencia, de forma moderada, a partir de ese año”.

El conjunto de todas las universidades, públicas y privadas, pasaría de una estimación de 1.305.759 alumnos matriculados en carreras en 2009 a 1.085.202 en 2016.

Por sexos, la matriculación de varones iría de 562.690 en 2009 a 466.732 en 2016, es decir 95.958 menos (-17%), y las mujeres descenderían de 743.069 a 618.469, es decir 124.600 menos (-16,8%).

El envejecimiento de la población aboca a España a la productividad, que está muy relacionada con el nivel educativo, señala el informe, elaborado con la colaboración del Ministerio de Educación y la Conferencia de Rectores (CRUE).

Así, la importancia de las universidades deberá ser creciente, no porque deba aumentar su número, sino por su desarrollo interno e incremento de sus niveles de calidad y excelencia.

Las proyecciones del informe se basan en el padrón de 2007 publicado por el INE y datos estadísticos universitarios.

El documento también advierte del desajuste entre plazas universitarias y solicitudes de matrícula, con demandas de un 90% sobre la oferta en Ciencias Sociales y Jurídicas, un 81% en carreras Técnicas, un 70% en Experimentales y, la más baja, un 62% en Humanidades, con desequilibrios “muy marcados” en algunas titulaciones.

Sólo en Ciencias de la Salud la demanda supera ampliamente a la oferta.

El coordinador del informe, Pedro Reques, ha destacado, entre otros aspectos, la disparidad de edades del profesorado, ya que el cuerpo docente está envejecido en algunas universidades, con dificultades para el reemplazo generacional.

Es el caso de la Universidad Complutense, la de Barcelona, la UNED, la Autónoma de Madrid y la de Barcelona, la Politécnica de Madrid, la de La Laguna, la de Salamanca, Cantabria o Córdoba, frente a otras “rejuvenecidas”, como Rey Juan Carlos, Gerona, Carlos III o Pablo de Olavide.

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha defendido que las universidades definan sus estrategias y señas de identidad dentro de un sistema común, que no igual.

Se ha referido al próximo modelo de financiación universitaria, que hoy debatirá con las comunidades autónomas, que debe contar con indicadores, objetivos, incentivos, evaluaciones y rendición de cuentas.