Cuando en abril de 2009 Manuel Chaves, sorprendiendo a propios y extraños, anunciara su marcha de la presidencia de la Junta tras haber ganado de manera consecutiva varias elecciones autonómicas ya sabía que un día como el del pasado jueves llegaría. Le dejó el testigo a José Antonio Griñán, paso calibrado y medido cual cortafuegos en la idea de que la institución y el poder político no sufrieran más de la cuenta, pero las investigaciones judiciales y la profundidad de los hechos llevaron también a Griñán, de manera precipitada y sorpresiva, a abandonar el mismo cargo en agosto de 2013 y dejarlo en manos, esta vez, de Susana Díaz, que sorteó un proceso de primarias frente a Planas durante aquel verano para ser nombrada sucesora única y, más tarde, afrontar sus primeras elecciones como candidata al cargo. Las ganó con holgura, resultando ser investida presidenta por mayoría con el apoyo de Ciudadanos.
El magistrado del TS aprecia “indicio de delito” en Chaves y Griñán y les considera “responsables” de repartir dinero público de forma discrecional y al margen del control de la Intervención General de la Junta, al tiempo que considera “absurdas” sus explicaciones en el sentido de que no conocían nada de nada de lo que estaba sucediendo, en lo que parece un análisis anticipado de lo que será la posterior sentencia. Todo ese entramado se produjo, hay que recordar, entre los años 2000 y 2010, la década de mayor inversión de fondos de Europa hacia una comunidad lastrada históricamente y, sobre todo, deprimida en materia laboral, tanto que hoy sigue en la cola de Europa con el mayor índice de desempleo, 33,6% según la EPA de 2015, que se eleva a nada menos que el 57,1% para menores de 25 años. Hoy esta Andalucía, soleada y espléndida tierra, no es sitio para la mejor generación de jóvenes de su historia, la más preparada, chicos y chicas que a diario acuden a sus escuelas públicas, a sus universidades, a quienes el debate de izquierdas o derechas les deja indiferentes porque Franco no es más que un personaje siniestro de los libros de historia y, afortunadamente, nunca vieron a un señorito a caballo recorriendo sus tierras y ante quien había que apartar la mirada. Todo eso quedó atrás; la falta de oportunidades, no.
La primera consecuencia de la no mayoría absoluta del PSOE en la Junta ha sido la petición para crear una comisión de investigación sobre los cursos de formación para el empleo, un fraude que se calcula aún mayor que el relativo a los ERE y que podría alcanzar la nada despreciable cifra de 3.000 millones. Mientras que PP, IU, Podemos y Ciudadanos apoyan esta iniciativa, el PSOE argumenta que “no es una prioridad” iniciar la legislatura indagando sobre este asunto. ¿No es una prioridad? ¿Cuál es entonces la prioridad?
Centrando el tema, hay que dejar claro que lo que Alaya y la justicia en general están indagando desde hace años es desenredar el negocio del poder instituido en la Junta de Andalucía y mediante el cual se han lucrado de manera incesante e indecente muchas empresas y personas de manera controlada y dirigida por la institución, que manejó y repartió a su antojo dinero público porque pensaba que era suyo. La corrupción llegó al punto de institucionalizarse. Es duro concluir en eso. Pero así fue, más al tratarse en una comunidad deprimida como esta que, también hay que decirlo, ha aceptado la irregularidad institucional como fórmula válida de gestión pública.
Lo preocupante son los pocos pasos dados hasta la fecha para que el futuro sea distinto, la mayoría de los cuales son brindis al sol sin sustancia ni fundamento y que, por lo general, de nada sirven. Resulta incongruente que el gobierno andaluz hable de transparencia, apruebe leyes y, a la vez, niegue comisiones de investigación, tal vez solo sea consecuencia del difícil equilibrio que debe mantener Susana Díaz, presidenta electa, que ha heredado una enorme empresa con funcionamiento rodado y debe sustituir piezas, engrasar el motor, hacerse con el control absoluto del funcionamiento sin que nada pare, evitando que salpique más de la cuenta, sin que sea necesario destruir piezas que fueron claves para el funcionamiento interno de la maquinaria. Un difícil equilibrio para el piloto.
Chaves y Griñán lo sabían. Claro que sí. Tanto como los actuales saben lo que ha pasado con los cursos de formación. Claro que lo saben. Llevan toda la vida en la Junta, ¿cómo no saberlo? Es casi peor concluir que no sabían nada porque de eso a reconocerse idiotas solo hay un leve paso. E idiotas nunca fueron. También saben que en Andalucía la corrupción se castiga poco, casi nada, quizás porque esta sea una tierra que por tradición acepta la figura del señorito a caballo repartiendo suertes, jornales, subvenciones... Quizás en el negocio del poder hayan participado muchos más que los señalados por la justicia, desde dentro y desde fuera; lo que ya resulta más complicado es cómo explicar esto a los más del noventa por ciento de jóvenes andaluces aprobados en selectividad y con pocas esperanzas de asentarse en la tierra que les vio nacer.
Muchos son los que a diario cogen trenes con destinos diversos y, en el trayecto, resulta comprensible que decidan votar opciones políticas radicales como única fórmula de romper el sistema. Un sistema hecho, por algunos, a su medida.
Bomarzo
