En un auto dictado esta semana, la magistrada en sustitución del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Barbate, ha decidido archivar la causa que pesaba contra el actual alcalde de Barbate, Miguel Molina, por un presunto delito medioambiental. La causa se remonta a 2016, cuando la Asociación de Comerciantes de Zahara (Acoza) presentó una querella contra la empresa Aqualia, el entonces alcalde socialista Rafael Quirós, así como contra las concejalas Mari Loli Varo y María José Corrales.

La denuncia se centraba en los vertidos de aguas residuales del emisario submarino de la playa del Retín hacia el Atlántico, que, según la querella, afectaban la calidad de las aguas tanto en Barbate como en Zahara de los Atunes.

El auto, emitido esta semana, se basa en un recurso de reforma y subsidiario de apelación interpuesto por el abogado defensor de Miguel Molina, José Manuel Carrión Durán. La providencia inicial, dictada el 3 de julio de 2023, había rechazado el sobreseimiento provisional solicitado por Molina, optando por continuar las actuaciones por los trámites del procedimiento abreviado.

El Ministerio Fiscal se adhirió al recurso interpuesto, acordando finalmente el sobreseimiento y archivo provisional de la causa con respecto a Miguel Francisco Molina Chamorro.

El razonamiento jurídico del auto, al que ha tenido acceso Viva Barbate, se basa en la documentación administrativa presente en las actuaciones, especialmente en el expediente administrativo CA/2019/210/AG.MA/PA. Según el auto, la extinción de la autorización provisional para vertidos no sería efectiva hasta el 9 de abril de 2019, lo que indica que los vertidos investigados, ocurridos de mayo a agosto de 2017, contaban con autorización administrativa.

La resolución del juez declara con estimación de la reforma el sobreseimiento y archivo de la causa respecto a Miguel Francisco Molina Chamorro. El auto no es firme y las partes tienen un plazo de tres días para interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación ante el mismo Juzgado o, alternativamente, recurso de apelación directo en un plazo de cinco días.

Con este fallo, se pone fin a un procedimiento judicial que ha examinado si los máximos responsables del gobierno local barbateño, junto con la empresa concesionaria del ciclo integral del agua, incurrieron en delito al poner en funcionamiento el emisario submarino de Zahara. Este proyecto fue aprobado en los últimos años del gobierno de Quirós y mantenido por Molina tras asumir la Alcaldía en junio de 2015.