Detrás de cada acción política debiera haber una explicación, una argumentación y una justificación en las decisiones tomadas. En las acertadas y en las erradas. En ambas. Esa debe ser la teoría.

La práctica no tiene absolutamente nada que ver con la cruda realidad.  El razonamiento utilizado en la bancada opositora para demandar al que gobierna sobre cómo y qué debe hacer para trasparentar sus determinaciones, queda en el limbo cuando al que le toca afrontar la responsabilidad tiene la callada por respuesta. No una vez, sino muchas.

En el poder debe ser ese estado de obnubilación que todo lo exigido para otros queda olvidado para sí.

Eso es lo que ha debido pasar en el modo de actuar en lo que hasta la fecha ha sido el derroche más sonado en cuanto a dinero público se refiere en los últimos años en el Ayuntamiento portuense. Y eso que las políticas precedentes tiene a buen seguro también una colección de desastrosas actuaciones. 

La construcción del Centro de Protección Animal en la urbanización Las Viñas ha supuesto el mejor ejemplo de cómo no se debe proceder. Un cúmulo en toda regla de despropósitos a cual más grave y más incongruentes. De cómo el cargo público es aprovechado con toda su maquinaria obstaculizadora para salir de rositas.

A pesar de contar con una serie de informes favorables que aconsejaban construirlo en el Polígono Industrial de Las Salinas y alejado de la población, la ubicación está enclavada en una zona verde no urbanizable.

 Mejor callado

Cuando no se tiene nada que decir, lo mejor es estar callado. Eso sí, cuando de por medio hay más de 100.000 euros en juego, es dinero de todos (público), al menos se debiera dar la cara. 120.000 euros lo valen.

Explicar, argumentar y justificar las decisiones tomadas. Asumir responsabilidades. La pantomima de una comisión ha terminado por desenmascarar el modus operandi de este Gobierno. Exculpatorio, mudo, esquivo e irresponsable. Ni la celebración de un Pleno extraordinario y monográfico resultó encontrar ni el apocamiento de clarificar absolutamente nada.

Las intervenciones, exiguas y titubeantes abren nuevas vertientes y peores augurios.  La interlocución del alcalde, David de la Encina, no deja lugar a la preocupación.

“El lugar elegido por el PP para la construcción del centro de animales es tan ilegal como el que empezamos a construir el nuestro”. Tal cual. 

Ni una duda solventada

Para un Ayuntamiento que abandera la trasparencia -en 2010 se le otorgó el premio a la Transparencia Internacional en España- ni una solución, ni una disculpa y ni un sonrojo ante un despilfarro para un Gobierno que se autodenomina “ahorrador”. Los únicos que parecen haberse tomado en serio todo este asunto son los animalistas que ya han anunciado movilizaciones ante “la pasividad del tripartito”. Anuncian que “no se han puesto en contacto con nosotros para concretar la construcción de dicho Centro, emplazamiento, condiciones del mismo, etc.”.

Temen que “el alquiler de las instalaciones que se han usado hasta ahora sólo está garantizado hasta este mes de mayo. ¿Qué va a ser ahora de los animales?  A pesar del compromiso, según Uprocanes, de De la Encina en recibirlos, “dicen no haber hueco en la agenda.

Desde el tripartito se achacan a la oposición los obstáculos para la construcción del centro, no lo entendemos, ¿qué obstáculos? Todos estamos de acuerdo en la urgencia y la necesidad de su construcción. Casi 600 animales recogidos en El Puerto durante un año justifican de sobra la necesidad de este servicio municipal”.

120.000 euros a la basura.