El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, han sacado pecho por la lucha contra el narcotráfico emprendida por el Gobierno del PSOE desde 2018 antes del inicio de la IV Reunión Ministerial de la Coalición de Países Europeos contra el Crimen Organizado que se ha celebrado este viernes en el Parador de Cádiz.
Marlaska y Bolaños han trasladado a sus homólogos de Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos y Suecia los detalles de las actuaciones llevadas a cabo y los resultados de las mismas contenidas en el Plan Especial del Campo de Gibraltar, tras una inversión de 900 millones de euros.
En este sentido, el responsable de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha destacado el incremento en quince unidades judiciales en el Campo de Gibraltar, zona “que estaba muy afectada, muy azotada por el crimen organizado, para instruir, investigar las causas y "juzgarlas en su caso”, además de señalar que el año pasado se crearon “79 plazas nuevas de fiscales”, de las que “el 10% fueron destinadas a la provincia de Cádiz”.
El titular de Interior, por su parte, ha indicado que “Cádiz simboliza principalmente el compromiso del Gobierno de España desde el año 2018, en el sentido de dar todos los medios, tener todos los medios, toda la cooperación y coordinación tanto a nivel nacional como internacional para hacer frente al narcotráfico”.
Y ha subrayado la importancia de la cooperación entre los países participantes en el encuentro para “mejorar en el intercambio de la información y en la generación de inteligencia para hacer frente a unas organizaciones que tienen un poder de adaptarse a las circunstancias importantes y de, evidentemente, dar la respuesta necesaria y precisa”.
Como ejemplo, ha señalado que el Gobierno de España ha llevado a cabo “regulaciones específicas” como prohibir el comercio de las narcolanchas, al considerar que por sus características “el único objeto de las mismas era ser dedicado a esta actividad ilícita". Ele Ejecutivo ha solicitado a Portugal que también legisle a este respecto, y aprobará la normativa en el mismo sentido “próximamente”.
