Un total de 292.792 personas continúan en la lista de espera para que se le asigne un servicio o prestación del sistema de dependencia y cada 15 minutos fallece una de ellas en el "laberinto burocrático" para acceder a ese sistema, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
En el último informe del Observatorio Estatal de la Dependencia, hecho público este lunes, la asociación ha vuelto a denunciar la "acusada desigualdad territorial" que aún existe en España para atender a las personas dependientes.
En el contexto del Plan de Choque que permitió incrementar la financiación estatal para la atención a la dependencia entre 2020 y 2023, el Gobierno aumentó su aportación a la dependencia en un 138 %, frente a la subida del 9 % de las comunidades autónomas.
En el comunicado, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha explicado que en 2023 el Ejecutivo se hizo cargo del 29 % de la inversión pública en Atención a la Dependencia (3.292 millones), frente al 71 % de las comunidades autónomas (8.230 millones).
Ahora bien, han precisado que la inversión autonómica varía mucho en función de los territorios. Para empezar, tres comunidades han disminuido el gasto durante el Plan de Choque: se trata de Castilla y León (con un descenso del 34,7 %), Galicia (un 6,4 % menos) y Aragón (un 3,2 % menos).
Según el informe, las autonomías que menor porcentaje aportan a la dependencia son Galicia (59%), La Rioja (59%), Andalucía (62%) y Castilla y León (63%).
En el otro extremo, las que asumen un mayor porcentaje del gasto son el País Vasco (84%), Navarra (81%), Extremadura (78%) y la Comunitat Valenciana (78%).
Las diferencias son también evidentes al analizar la inversión media por persona potencialmente dependiente: lideran el gasto el País Vasco (con 2.848 euros), Extremadura (2.599) y Navarra (2.413). La media nacional se sitúa en los 1.815 euros y a la cola se encuentran Galicia (1.073), Canarias (1.248) y Murcia (1.504).
