La Junta recurrirá el acuerdo salarial del Ministerio de Justicia que excluye a los funcionarios de las comunidades autónomas con las competencias transferidas, como es Andalucía, al incrementar el complemento específico y no el general, algo que estudian también otras comunidades.
Así lo ha anunciado el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, en la Conferencia Sectorial que reúne en Zaragoza al ministro y a los responsables autonómicos, en la que otras regiones han coincidido con Andalucía en denunciar la “opacidad”, “deslealtad” y “agravio” generado a su juicio por el Gobierno central con este acuerdo que también podrían denunciar.
“Hasta hoy todos los acuerdos firmados por el Ministerio de Justicia en materia retributiva se habían suscrito en Mesa Sectorial”, ha recordado Nieto durante el encuentro.
Sin embargo, en esta ocasión, el Gobierno central se levantó de esta mesa y “actuó como una comunidad autónoma más”, ha dicho, para acordar una subida del complemento específico solo para los funcionarios de las comunidades sin las competencias de Justicia transferidas, el llamado "territorio Ministerio".
El consejero ha añadido que "cuando la distribución es asimétrica y se concreta en el complemento específico hay una brecha en la financiación de esta competencia", ya que el Gobierno termina financiando "exclusivamente el sistema judicial de su territorio".
"El paso que se ha dado es muy serio y tremendamente negativo, porque el Ministerio tiene una función de estabilizador del sistema de Justicia que garantice la equidad y este acuerdo rompe con eso", ha denunciado el titular de Justicia andaluz.
En su opinión, esto "va en contra del espíritu de los decretos de transferencia de las competencias de Justicia y genera un desequilibrio económico que se suma a un sistema de financiación injusto con comunidades como Andalucía, que está infrafinanciada”.
El consejero ha insistido en que la gestión de los recursos humanos es "clave" para la prestación del servicio de Justicia a la ciudadanía, que es "un derecho fundamental y un pilar del Estado democrático".
