Moreno ha afirmado que "si en quince días la Junta no contesta" a la consulta formulada por el Ayuntamiento, la administración local será "libre para actuar"
El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes que la Junta va a aplicar el silencio administrativo positivo para trámites parciales en materia urbanística, lo que ha asegurado que va a suponer "una revolución".
Durante un coloquio organizado por Diario Sur, Moreno ha afirmado que "si en quince días la Junta no contesta" a la consulta formulada por el Ayuntamiento, la administración local será "libre para actuar".
Con esta medida se pretende que los ayuntamientos no tengan la "cortapisa" de la Junta de Andalucía en materia urbanística, lo que agilizará los planes de ordenación urbana.
"Lo vamos a hacer dentro de la ley, pero sin que la Junta sea un tapón por decir siempre que no", ha referido.
Moreno también ha anunciado en su intervención que el próximo 9 de abril se aprobará por decreto el fin del impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía, que "pasará a ser historia en la política fiscal" de la región.
Con esta decisión, Andalucía entrará "por la puerta grande", con una bonificación al 99,9 por ciento, como la existente en la Comunidad de Madrid, ha manifestado Moreno, quien ha avanzado que "pronto" habrá noticias también sobre el IRPF o el Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados.
En la práctica, esta medida supone que alguien que decida donar 10.000 euros por ejemplo a un hijo pagará 7,82 euros a partir del 9 de abril, cuando antes del cambio tenía que abonar 782 euros, ha detallado.
El jefe del Ejecutivo andaluz también se ha comprometido a impulsar modificaciones en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para darle una "segunda oportunidad" a las personas "de buena fe" cuya vivienda está en una situación de alegalidad.
"No podemos tener 300.000 viviendas ilegales en Andalucía", ha manifestado Moreno, quien ha indicado que en el plazo de un mes o mes y medio la Junta podrá en marcha modificaciones normativas para que esos residentes "pasen de la alegalidad a la normalidad".
Aunque no ha concretado qué requisitos se exigirán para legalizar las viviendas, ha señalado que el cambio "conllevará responsabilidades" por parte de los propietarios, todo ello con el objetivo de resolver casi el 90 por ciento de estas situaciones en esta legislatura.
Moreno ha dicho que pretende implementar todas estas medidas con unos presupuestos "que sean reales", y para ello se trabaja en el de 2019, con el fin de que pueda presentarse en mayo al Parlamento, y al mismo tiempo en las cuentas de 2020, para mostrar un primer texto a la Cámara en septiembre.
"Quiero que los presupuestos sean realistas y reflejen el cambio político que necesita Andalucía", ha declarado el presidente de la Junta, que ha apelado a la responsabilidad del resto de fuerzas políticas, a las que ha pedido que tengan "altura de miras" para sentarse a negociar.
El presidente de la Junta ha incidido en la transparencia y eficiencia en la gestión de las políticas del Gobierno andaluz, que está "encendiendo la luz donde antes reinaba la oscuridad", y "no se trata de un ajuste de cuentas" contra el anterior Ejecutivo, ha aseverado.
Asimismo, ha lamentado que Andalucía haya "dejado de gastar" 26.000 millones de euros en los últimos diez años de los presupuestos, de ellos casi 2.000 millones en 2018.