El Partido Socialista de Sanlúcar ha responsabilizado al Partido Popular de la situación de quiebra económica en la que se encuentra el Ayuntamiento de la localidad, basándose en el informe realizado por la Cámara de Cuentas sobre la situación económica de los ayuntamientos andaluces de más de 50.000 habitantes a 31 de diciembre de 2006, fecha en la que el PP ostentaba la alcaldía sanluqueña. “Del análisis de estas cuentas nos hemos llevado las más desagradables sorpresas al comprobar como un gobierno se gastaba el dinero con tanta frivolidad mientras el ayuntamiento agonizaba y no era capaz de prestar los servicios indispensables para los ciudadanos, asfixiaba a los proveedores, se llenaban los cajones de facturas sin consignar y comenzaban a llegar una serie de multas millonarias”

La Cámara de Cuentas pone de manifiesto en este informe el retraso en la aprobación de las cuentas generales de 2006, aspecto sobre el que el PSOE ha matizado que “cuando llegamos al gobierno en 2007 las últimas cuentas aprobadas eran las del año 2002”. El informe también desvela desfases en la tesorería presupuestaria, “al realizarse pagos del presupuesto corriente por importe superior al de los cobros”, lo que arrojaba en esa fecha un remanente negativo de 79 millones de euros. Según la valoración del Partido Socialista, Sanlúcar ostentó en ese año el récord andaluz en déficit acumulado, aunque sostienen que son datos oficiales con “maquillaje contable” que con “las facturas en los cajones y las sentencias que estaban por llegar aún es mucho peor y avalan las cifras dadas por la auditoría que el PSOE encargó y que cifraban la deuda municipal en 108 millones de euros.

Junto a estos asuntos, el gasto en personal también se contempla en el estudio realizado por la Cámara de Cuentas por encima de la media de otros ayuntamientos, situada en el 33 por ciento. Si en el 2002 el Consistorio gastó en este capítulo un 34 por ciento, en 2006 la cifra alcanza el 42 por ciento, lo que los socialistas achacan al “elevado número de funcionarios de empleo que mantenía el PP, hasta un total de 55”. En esta materia, desde el PSOE defienden que la eliminación de los funcionarios de empleo “fue uno de nuestros compromisos que hemos hecho y que ha permitido que ahorremos en este concepto hasta un millón de euros anuales”.


PLAN DE SANEAMIENTO

En el informe, consultado por este periódico, se recogen entre otros indicadores la situación de Sanlúcar como el municipio donde menos se recauda por habitante, 651,54 euros (estando la media andaluza en 1080 euros) y en el que también las inversiones por habitante son menores, sólo 17,86 euros por cada sanluqueño se destinan a inversión. Sobre este aspecto, el PSOE hace referencia al Plan de Saneamiento aprobado hace breves fechas y que señalaba que “los tipos impositivos son altos pero las bases de los impuestos son bajas, además de existir mucho fraude fiscal”. Por eso, defienden que en su responsabilidad como equipo de Gobierno “estamos obligados a realizar modificaciones en algunos impuestos como es el caso del IBI, en el que actualizar los valores hará que baje la presión fiscal”.

En la misma línea, los socialistas afirman que los presupuestos de 2010van a ser los primeros que cumplan las medidas recogidas en el Plan de Saneamiento 2009 - 2011 (el cuarto aprobado por el Consistorio) y que recoge las directrices para recuperar la estabilidad presupuestaria a medio plazo y mejorar la situación económica del Ayuntamiento”.


ASUNTOS LEGALES PENDIENTES

De la etapa de Gobierno del Partido Popular, el PSOE ha recordado que la aprobación de las Cuentas Generales de 2003 conllevó la presentación de una serie de alegaciones sobre irregularidades en una serie de facturas que están siendo investigadas por el juzgado de instrucción número 3 de Sanlúcar al que el equipo de Gobierno ha remitido la información solicitada.

La fiscalía anticorrupción formuló denuncia criminal contra el ex concejal de Hacienda del PP Marco Antonio Caballero y Rafael Rubio, primer teniente de alcalde en la anterior legislatura, a quien acudió el pasado jueves al Tribunal de Cuentas por el despido irregular del anterior gerente de Emulisan “por la que ya se le ha practicado una liquidación provisional de más de 64.000 euros y notificado un embargo”. El Ministerio fiscal se ha adherido a la acusación.