A comienzos del presente curso, una de las empresas de referencia en Recursos Humanos en España, Randstad, señalaba en su habitual informe un dato significativo: tener conocimientos de idiomas incrementa en un 37% las posibilidades de acceder al mundo laboral. Asimismo, indicaba que una de cada cuatro ofertas de empleo requiere saber alguna lengua extranjera. Con todo, estamos ante cifras que no nos resultan sorprendentes, y que podríamos argumentar para explicar la salida al extranjero de miles de trabajadores jóvenes y estudiantes de nuestro país. No obstante, la movilidad no es un medio para el aprendizaje de idiomas; o más bien, este es solamente uno de los muchos fines que persigue.

Pensemos que los últimos datos sobre paro juvenil, aportados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) no dejan a España en buen lugar. De hecho, el porcentaje de desempleo entre los menores de 25 años superaba en septiembre el 38%, muy por encima de la media de la OCDE (11,9%). Ante este panorama, en el que un buen número de jóvenes ni siquiera contabilizaba su primera experiencia profesional, la movilidad internacional se presenta como una atractiva alternativa.

Asimismo, no son pocas las compañías que en sus procesos de selección valoran las estancias en el extranjero. Este tipo de experiencias, tanto en entornos académicos como empresariales, suelen ser sinónimo de capacidad de adaptación, de gestión de grupos y de habilidades sociales, entre otras competencias.

De esta manera, no es casualidad que la cifra de universitarios que cursan su carrera parcial o completamente fuera de España sea elevada. Más allá de las conocidas becas Erasmus, un gran número de estudiantes apuesta por matricularse en centros de Reino Unido, Alemania o EEUU para disfrutar de una educación más práctica y mejor adaptada a las exigencias del mundo empresarial.

Ahora bien ¿cómo acceder a una de estas experiencias que suelen conllevar un  desembolso económico importante? Es aquí donde entran en juego una serie de estrategias públicas que persiguen fomentar el empleo juvenil como en el caso de PICE. Es el caso de la denominada Garantía Juvenil, en el que se enmarca el Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) de la Cámara de Comercio de España, en el que, desde su lanzamiento en 2015 y hasta el pasado mes de agosto, se han inscrito más de 61.500 jóvenes, de los cuales 51.000 han recibido alguna acción formativa y 1.600 han accedido al mercado laboral.

Una de las actuaciones  del PICE es el Plan de Movilidad, puesto en marcha por las Cámaras de Comercio territoriales como las de Navarra, Toledo, Almería y Burgos, que actualmente convocan a aquellos jóvenes inscritos en Garantía Juvenil que quieran realizar prácticas formativas en empresas de la Unión Europea. Para participar en este Plan hay que ser mayor de 18 años y menor de 29.