Ciudadanos propone reformar la ley electoral española siguiendo el modelo alemán --eligiendo diputados simultáneamente entre escaños unipersonales y listas proporcionales--, acabar con el aforamiento de todos los representantes públicos y garantizar presupuesto para el cumplimiento de una serie de derechos sociales reconocidos en la Constitución.

   Son parte de las 30 medidas incluidas en la propuesta de reforma denominada 'Regeneración Democrática e Institucional', presentada este sábado en Cádiz por el presidente de C's, Albert Rivera. Concretamente, esas propuestas buscan fomentar "más ciudadanía, más democracia, más representatividad y más participación".

   Con ese fin, plantean también facilitar las consultas en el ámbito local y la presentación de iniciativas legislativas populares, potenciar las comisiones de investigación en los parlamentos, suprimir la figura del decreto ley y prohibir el indulto en casos de corrupción y violencia de género.

   Estas son las medidas concretas que plantea Ciudadanos:

- Incluir en la Constitución el derecho fundamental a la protección de datos personales (en el artículo 18) y el derecho a la transparencia en relación con la información que poseen las Administraciones Públicas (artículo 23).

- Reformar el artículo 57 de la Carta Magna para eliminar la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión en el trono, promoviendo así "la igualdad real y efectiva en todos los ámbitos e instituciones".

- Crear una nueva sección de derechos sociales en la Constitución: derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la protección ambiental, derecho a los servicios sociales, derechos de los consumidores y usuarios, derecho al acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad y derecho a la buena administración.

- Establecer la obligación de la garantía presupuestaria para la regulación de estos derechos sociales.

- Reformar el régimen electoral para "traducir la voluntad ciudadana en representantes". El nuevo modelo se inspiraría en el sistema alemán, lo que supone que la elección de los diputados se hará simultáneamente entre escaños unipersonales y listas proporcionales, de manera que cada elector tendrá dos votos.

- Reducir de 500.000 a 250.000 el número de firmas necesarias para impulsar una iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley, modificando para ello el artículo 87 de la Constitución. El Congreso de los Diputados deberá tomarlas en consideración en un plazo máximo de tres meses.

- Favorecer la participación ciudadana en el ámbito local mediante, entre otros, las consultas y el uso de tecnología de la información, para lo que será necesario el desarrollo de lo previsto en el artículo 70 bis de la Ley de Bases del Régimen local.

- Acabar con el aforamiento de todos los representantes públicos. Suprimir también los suplicatorios para delitos o imputaciones, salvo en lo relacionado con la actividad política del parlamentario (no se mantendrían los suplicatorios para, por ejemplo, delitos contra la seguridad vial o casos de violencia doméstica).

- Exigir que el régimen de incompatibilidades de todos los representantes públicos y, en particular, de los diputados sea transparente y riguroso y se cumpla de manera efectiva, estableciendo un sistema de sanciones por si se incumplen las obligaciones impuestas.

- En los parlamentos, ampliar la fase de enmiendas; eliminar la exigencia, para presentar enmiendas y preguntas, de la firma de conocimiento por parte del portavoz del grupo a que pertenezca el diputado; reforzar la fase legislativa de las comisiones parlamentarias; autorizar intervenciones más generosas en tiempo y forma; y fomentar la participación de representantes de distintos grupos sociales y de expertos. Además, las instituciones de representación política deberán someterse de manera plena y sin limitaciones a los principios de transparencia y buen gobierno y al régimen jurídico que los desarrolla.

- Potenciar las comisiones de investigación parlamentarias facilitando su creación, ampliando sus facultades, estableciendo la publicidad de las audiencias y de las conclusiones, imponiendo la obligación de veracidad a los comparecientes y limitando las posibilidades de que su creación pueda ser obstaculizada por el partido al que pueda afectar la investigación.

- Eliminar la figura del decreto ley, haciendo que la legislación de extraordinaria y urgente necesidad deba ser aprobada por el Congreso de los Diputados mediante un procedimiento sumarísimo que deberá culminarse en un plazo máximo de 72 horas.

- Prohibir el indulto de los condenados por delitos de corrupción, contra la Administración Pública o de violencia de género.

- La normativa que tenga una incidencia sobre los derechos y las libertades de los ciudadanos habrá de cumplir con los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia, así como de mínima intervención, imposición de cargas y restricción.