El duro ataque que Mercedes Alaya dedicó a su sucesora al frente del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla fue uno de los argumentos de peso para que el TSJA decidiera el martes, por unanimidad, anular la comisión de servicio que le habría permitido mantener parte de la investigación de las grandes macrocausas abiertas contra la Junta de Andalucía.
En el informe con el que justifica su resolución, difundido ayer y que implica apartar a la juez de los casos que investigaba desde 2011, el Alto Tribunal alega que Alaya ha mostrado “falta de colaboración y entendimiento” con María Núñez Bolaños y pone como ejemplo que cuestionase “su idoneidad y su independencia”. El TSJA se refiere así al escrito en el que la instructora inicial de los ERE o el caso de los fondos de formación censuraba lo que consideraba falta de experiencia en materia penal de su compañera y dejaba entrever que respondía a los mandatos del actual consejero de Justicia.
La Sala de Gobierno del órgano judicial constata también que Alaya “patentiza una clara voluntad de no colaboración con la actual titular, en manifiesta oposición al fundamento que justifica toda medida de apoyo judicial”, circunstancia que habría pesado de forma casi definitiva para perder la comisión de servicio que le permitía simultanear su plaza actual en la Audiencia de Sevilla con las indagaciones de los ERE y Mercasevilla, cometidos que Alaya consideró insuficientes tras reclamar continuar en todas las causas.
Críticas políticas
La tormenta en torno al que puede ser el punto y final de Alaya al frente de las instrucciones de los casos de corrupción de la Junta despertó ayer todo tipo de reacciones. El PP acusó a la Junta de haber “insultado” a la juez y “torpedeado” la instrucción. Desde C’s, Albert Rivera tachó de “escándalo” la presión de PP y PSOE sobre la Justicia, mientras que los socialistas censuraron que los populares “prefieran unos jueces a otros”.
