El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Oficina Técnica Municipal de la Delegación de Urbanismo, ha valorado en cerca de 45.000 euros la finca número 5 de la calle Manuel Rancés. Ésta es la cuantía aprobada por el equipo de Gobierno popular como justiprecio en la expropiación del edificio, cuyo trámite se remonta al año 2005.
El Consistorio gaditano inicia así el último trámite para expropiar dicha finca, planteando a la propiedad la oferta de 44.863,66 euros. Cumplido un primer plazo de 20 días para que el propietario presentara la denominada hoja de aprecio, es decir, el documento con su valoración del inmueble, desde el Ayuntamiento vuelven a otorgar un nuevo plazo, esta vez de diez días, para que el dueño se pronuncie y concrete el valor que estime de la finca.
La supervisión urbanística de la finca por parte del Ayuntamiento se remonta a 2005 cuando se remitieron a la propiedad dos requerimientos de obras de seguridad y uno de ITE. Según fuentes municipales, en octubre de 2005 se declaró el incumplimiento de los requerimientos de obra, con lo que se inició el expediente de expropiación.
Paralelamente, la propiedad presentó una petición de ruina de la finca ese mismo año que se aceptó, aunque ello no paralizó el proceso expropiatorio. Meses después se cumple el plazo para presentar la documentación a fin de tramitar el expediente de ruina, por lo que el Consistorio declaró la caducidad de la solicitud.
Solicitud de ruina
La titular de la finca falleció y sus herederos pidieron en 2006 un nuevo plazo para la declaración de ruina, lo que fue concedido por Urbanismo. Los nuevos dueños entregaron la documentación necesaria, aunque incompleta. Fue en octubre de 2006 cuando se completó los papeles y se inició el expediente de ruina, para lo que los técnicos municipales tuvieron que acudir a la finca para realizar diversos estudios.
A principios de 2008, el Ayuntamiento decidió desestimar la petición de la propiedad tras el informe de los técnicos municipales que realizan un informe de “no ruina”. El dueño decidió recurrir la resolución, recibiendo el pasado agosto una nueva negativa.
El único paso posible es elevar el caso a los tribunales, si bien, a fecha de hoy, el Ayuntamiento no tiene constancia de que la propiedad haya presentado un recurso contencioso-administrativo. De no presentarlo, el expediente de ruina quedará cerrado.
Mientras se tramitaba la declaración de ruina, la expropiación seguía adelante, llegando ahora al punto de su justiprecio.
