Nada de operación especulativa. Sólo “operación rutinaria”. Así define la portavoz municipal Patricia Ybarra el convenio firmado entre Impulsa y cuatro sociedades para recalificar suelo rústico en industrial y propiciar la creación de un nuevo polígono, Las Salinas Norte, en terrenos del Poblado de Doña Blanca. Ybarra salió en defensa del acuerdo tras las críticas lanzadas por el parlamentario andaluz por IU, Ignacio García, a quien acusó de torpedear las iniciativas beneficiosas para la ciudad.
La también vicepresidenta de Impulsa cree que es “indignante que una operación rutinaria se intente convertir en un escándalo” y defiende la gestión del Gobierno popular andalucista alejándose de los criterios de pasados mandatos. “No tenemos culpa de los errores de los anteriores, ni de la permisibilidad con la especulación de los anteriores, ni tampoco de quiénes adquieren terrenos a quien”, e insta a Ignacio García, a que pregunte “cuáles eran las expectativas de recalificación que llevaron a la Caja Inmaculada a adquirir esos terrenos y que, desde luego, no eran la de su desarrollo como terreno industrial”. El parlamentario ya desveló en su rueda de prensa del pasado viernes que IP tenía previsto una zona residencial para estos suelos e incluso se barajó la creación de un espacio de alto standing inclusive con la presencia de un hipódromo.
Ybarra, como ya lo hiciera el alcalde Enrique Moresco hace unas semanas, comparó el proyecto de Impulsa con el que Zona Franca pretende para los mismos terrenos, una operación “que resulta más onerosa que la municipal y tiene un tamaño cuatro veces superior”, apunta la edil. Así, señala que la justificación de ambos proyectos es por “interés social”, que el sistema de adquisición de los suelos es el mismo, la calificación de los terrenos y su afección por los planes supramunicipales “es exactamente igual”.
Incide la concejal de Urbanismo en que “Zona Franca, que también podría haber procedido a la expropiación y con esa premisa se ha sentado a negociar con los propietarios de suelo, exactamente igual que hizo Impulsa, está ofreciendo algo más de 8 euros por metro cuadrado, a los que luego deberá sumar la urbanización”. Por tanto, dice que si Impulsa “paga directamente el coste de la urbanización, sin comprar ningún terreno, y recibe el 60% del polígono, con un coste de unos 11 euros el metro cuadrado, salvo que Zona Franca urbanice por tres euros el metro cuadrado Impulsa ha hecho un mejor ejercicio” y su operación será “beneficiosa para la ciudad y perfectamente negociada”.
En todo caso, la Junta de Andalucía es la que debe aprobar la modificación del uso del suelo “como deberá hacerlo con Zona Franca. Si la Junta no permite esa modificación puntual ni el Ayuntamiento, ni Impulsa, ni los dueños del terreno habrán perdido nada, puesto que el convenio no ha supuesto la inversión de ni un solo euro. Solamente habrá perdido la ciudad, en cuanto a las posibilidades de tener un desarrollo económico importante”, añade.
Lamenta la edil “la ceguera de IU que no le permite mirar más allá de los dueños de los terrenos, sin considerar la bonanza de la actuación propuesta y su total oportunidad de cara a la previsión de usos de la zona”. Y en cuanto al documento previo del equipo redactor del Plan General, que considera suficiente el suelo destinado a actividades productivas, alega Ybarra que “es posible que la empresa Territorio y Ciudad no conociera que los suelos del polígono de Salinas de Poniente están vendidos y, por tanto, habría que esperar dos años para poder iniciar los procedimientos que permitan ponerlos en valor si sus actuales propietarios no lo hicieran” y también que desconociera “las peticiones de grandes parcelas industriales que llegan al Ayuntamiento”.
