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La tribuna de Viva Sevilla

El embrollo de Melonares

¿Qué criterios de gestión de riesgos han conducido a construir una obra que desde que se aprobó hace 20 años no ha sido necesaria ni hay perspectivas de que lo sea? ¿Cuáles son sus costes de oportunidad? ¿Qué se hubiera podido hacer con ese dinero?

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La justificación de la construcción de la presa de Los Melonares se basa en la afirmación de que es una obra urgente e imprescindible para garantizar el agua al Área Metropolitana de  Sevilla. Sin embargo, desde final de la sequía de 1992-1995, los hechos confirman que esto no responde a la realidad y que para garantizar el abastecimiento de Sevilla existían alternativas social, económica y ecológicamente más adecuadas.

En 1991,  antes de la gran sequía que se desencadenó aquel mismo año, el consumo de agua de Sevilla fue de 172 Hm3. En 1995, la necesidad del embalse se basaba, entre otros cálculos erróneos, en la estimación de una demanda de 195 Hm3/año para el año 2012 (EIA del ingeniero Benigno Bayán de la CHG, 1995). Sin embargo, el consumo actual real es de 120 Hm3/año, 75 Hm3/año menos de lo previsto, el doble de lo que aportaría Melonares.


El análisis de las causas de la sequía de 1992-1995 nunca tomó en consideración que cuando ésta comenzó, el embalse de Zufre, aunque ya estaba construido, no había entrado efectivamente en servicio. Este embalse aporta el 45% de la capacidad del sistema de regulación de Sevilla.
El Plan Hidrológico de la cuenca del Guadalquivir (1998) asignó al abastecimiento de Sevilla 10-15 Hm3/año procedentes del embalse de Huesna. Estos recursos, que desde que se adjudicaron a Sevilla no han hecho falta, tampoco se habían tenido en cuenta en los estudios que apoyaban la necesidad de Melonares.


Para situaciones (por ejemplo, en un escenario de cambio climático a largo plazo) en los que, pese a estas nueva coordenadas de demandas y recursos, se produjera una crisis del sistema, la experiencia práctica (años 1983 y 1994) y reiterados estudios de economía agraria (Ramos Gómez y Garrido Colmenero, 2004) han demostrado que el precio al que los regantes del Viar están dispuestos a ceder su agua al abastecimiento urbano de Sevilla es muy asequible.


El nuevo marco legal (reforma de la Ley de Aguas de 1999) y la orientación de la PAC, con ayudas desconectadas de la producción, viene a facilitar aún más estos acuerdos. Por el contrario, diversos estudios (Juan López Martos, 2003), sitúan el precio del agua de Melonares en una cantidad 10 veces mayor que el agua de los regantes del Viar.


Pese a estos datos, tras una fuerte presión política sobre la Comisión Europea, la Administración española consiguió la financiación del 85% del presupuesto global de la presa a cargo de Fondos de Cohesión. Estos fondos han dejado de aplicarse a otros proyectos ambientales (depuración de aguas residuales, recuperación de ríos degradados, etc.) o infraestructuras de transporte (tranvía, carriles bici, etc.) más urgentes y necesarios.


En el documento de compromiso entre España y Europa, se establece la condición de construir una canalización independiente desde Los Melonares hasta Sevilla antes de la puesta en función de la presa, a fin de garantizar la autonomía operacional del abastecimiento de agua potable. Esta canalización no se podría beneficiar de la ayuda comunitaria. Sin embargo, en lugar de canal nuevo, se está acondicionando el viejo canal de regadío y se están utilizando fondos europeos.


¿Qué criterios de gestión de riesgos han conducido a construir una obra que desde que se aprobó hace 20 años no ha sido necesaria ni hay perspectivas de que lo sea? ¿Cuáles son sus costes de oportunidad? ¿Qué se hubiera podido hacer con ese dinero? Ahora, con Melonares ya construido, con sus conducciones precarias casi terminadas, ¿qué hacer?


Lo primero, decir la verdad.  De todo esto, nuestros políticos deberían estar dando cuenta,  con claridad y transparencia, en lugar de enzarzarse en disputas de competencias o incompetencias que confunden a la opinión pública. Es necesario reflexionar sobre las causas que han conducido a esta situación, para que las conclusiones se apliquen a otros proyectos todavía en ejecución o sin iniciar, como los que vuelven plantearse en el nuevo plan hidrológico del Guadalquivir que ha comenzado a tramitarse.

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