La Policía Nacional de Cádiz ha imputado otros dos nuevos delitos a los acusados por estafa inmobiliaria dentro de la operación Burbuja.
Ahora se les acusa de estafa en la obtención de créditos hipotecarios con ánimo fraudulento, así como un tercer hecho de idénticas características en grado de tentativa, y un delito continuado de falsedad documental en referencia a la información facilitada por los imputados para el estudio de las hipotecas.
Estas operaciones han supuesto una disposición por parte de las entidades financieras afectadas de 775.000 euros. De este dinero, según la información facilitada a la Policía por el Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, habrían obtenido Ana S. G. y Luis G. R. un lucro directo de 168.000 euros, además de la titularidad de tres inmuebles.
El estado actual de la investigación revela que las cantidades obtenidas por los acusados mediante hechos delictivos supera los 768.000 euros. La Policía no descarta que esta cantidad siga incrementándose mientras dura la investigación. En los hechos que se dan cuenta en esta ocasión, parece ser que Ana S. G. y Luis G. R. obtuvieron un crédito en una sucursal de Caja Duero en Cádiz por valor de 275.000 euros destinado a la compra de un inmueble en la calle Barrié. Como el precio de la vivienda era sensiblemente más bajo, tras descontar los costes de tramitación y el precio abonado a los vendedores del inmueble alcanzarían la cantidad de más de 67.000 euros. En Chiclana obtuvieron la concesión de dos créditos en una sucursal del Banco Santander por 25.000 y 375.000 euros, por lo que por el mismo sistema obtuvieron un beneficio de 101.000 euros.

168.000 euros
Los estafadores lograron hacerse para su lucro con 168.000 euros de los 768.000 euros a los que asciende el fraude inmobiliario.