El Gobierno ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley de desindexación, que desvinculará los precios de los servicios públicos del IPC a partir de 2014 y creará un nuevo índice de referencia destinado, principalmente, al sector privado.
El objetivo de esta ley es desvincular totalmente del IPC los precios que se fijan en la prestación de servicios para contribuir a la estabilidad de precios y a la moderación que se aplica en otros ámbitos de la economía.
Así, la futura norma acompañará a otras iniciativas de distinta naturaleza que persiguen estos mismos objetivos, como el acuerdo de moderación salarial firmado por los agentes sociales hasta 2014 y la desvinculación de las pensiones del IPC.
La norma derogará cualquier vinculación directa al IPC en los precios y servicios regulados o prestados por las administraciones públicas, de forma que nada se actualizaría según el IPC desde el 1 de enero de 2014.
Al término de la reunión del Consejo de Ministro, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, indicó que con esta ley el Ejecutivo trata de mejorar la competitividad de la economía española y para apoyar esta idea, recordó que entre 1996 y 2008 el IPC español creció un 42%, 14 puntos más que en la zona euro.
Además, indicó que con esta norma el Gobierno asume también el acuerdo de moderación salarial que han firmado los agentes sociales, intentando rebajar los precios y las rentas públicas, toda vez que los gastos en bienes y servicios con precios regulados suponen el 7% del presupuesto anual de las familias españolas.
La nueva ley no afectará a pensiones, impuestos, instrumentos financieros ni a la negociación salarial, pero sí a transportes, telecomunicaciones, energía, servicios postales, agua, tasas, sanciones y los precios de los contratos públicos.
Hasta ahora, los precios de servicios básicos como el agua, la telefonía, los peajes, el tren o los servicios postales se actualizaban cada año utilizando la referencia del IPC y teniendo en cuenta algunos factores. La propuesta en la que trabaja el Gobierno elimina esta vinculación al IPC y analiza las subidas de precios sólo teniendo en cuenta los costes que supone la prestación de dichos servicios.
Por ejemplo, en 2013 la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) aprobó una resolución que permitía a Telefónica aumentar la cuota de abono hasta el IPC como máximo entre 2013 y 2016, algo que no sería posible con la futura norma del Ejecutivo.
Por su parte, el precio del billete de los autobuses de línea interurbanos subió una media del 2,4% el 1 de abril por la actualización de tarifas acordada por el Gobierno y el sector en el año 2000, que tenía en cuenta el IPC medio del último año y se ajustaba en función de la evolución del número de viajeros que registrara cada línea. Tras la entrada en vigor de la ley, el precio de estos billetes sólo tendría en cuenta elementos que afectaran al coste, como por ejemplo la evolución del precio del carburante y del número de viajeros.
Por otro lado, la norma desarrolla un nuevo índice de referencia para los contratos del sector público y privado. El nuevo índice tendrá en cuenta el diferencial de inflación de España con la zona euro, que será corregido con la pérdida de competitividad acumulada desde la entrada en el euro (el deterioro acumulado del diferencial). Este nuevo índice tendría un tope del 2% --el objetivo de inflación del Banco Central Europeo (BCE)-- y un suelo del 0%.
EXTENSIÓN AL SECTOR PRIVADO.
El Gobierno pretende fomentar el uso de este nuevo índice para que lo acabe aplicando también el sector privado, puesto que algunos sectores económicos tienden a actualizar sus precios en función de la inflación. No obstante, aclara que si no existe un acuerdo explícito en los contratos privados, se aplicará la no indexación de forma automática.
Con la aprobación de la norma, que sólo afecta a los tres niveles de administración, el Gobierno quiere infundir esta cultura en el sector privado y que los futuros arrendamientos tengan en cuenta el nuevo índice en lugar del IPC que se ha usado hasta ahora.
En cualquier caso, el objetivo final de la futura ley es conseguir un cambio estructural en la economía para avanzar hacia una cultura de mayor estabilidad en la que se eliminen los efectos perjudiciales derivados de la ligación automática del IPC en la formación de precios y costes.
Según datos del Gobierno, los gastos en bienes y servicios regulados que afectan a los hogares suponen el 7% del total, unos 36.000 millones de euros anuales, el 3,5% del PIB.
