El Consejo de Gobierno andaluz tiene previsto aprobar este martes el proyecto de ley para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación hipotecaria, según han indicado a Europa Press fuentes de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, dirigida por Diego Valderas.
Dicho proyecto de ley incluye "un contrato hipotecario de confianza", que se ofrecerá de manera "voluntaria" a las entidades financieras", y que supone la "garantía" por parte de la Junta y de las organizaciones de consumidores de que no se incluyen "cláusulas abusivas" en la contratación hipotecaria.
Las citadas fuentes han explicado que la futura ley autonómica pretende proteger a las personas que tienen créditos hipotecarios y se encuentran con problemas para hacer frente al pago de los mismos, así como también a las personas que avalen las operaciones de préstamos o créditos.
Asimismo, con esta normativa, anunciada por el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales el pasado mes de noviembre se busca garantizar y reforzar la transparencia en la información que faciliten las entidades bancarias sobre la concesión de préstamos hipotecarios.
Todo ello, mejorando la protección de las personas consumidoras a la hora de suscribir un contrato de este tipo destinado a la adquisición o rehabilitación de inmuebles, una garantía que también se extenderá a las personas que avalen las operaciones de préstamos o créditos y a las 'personas hipotecantes'.
La iniciativa tiene como prioridad la protección de los más débiles, en especial familias con hijos o sin ingresos, personas mayores y otros colectivos vulnerables en sintonía con la demanda de la sociedad en general.
Esta actuación se adapta y además se ve reforzada con el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE que ha dictaminado que la ley española sobre los desahucios viola la Directiva 93/13 de la Unión Europea, ya que permite la introducción de cláusulas abusivas en los contratos de préstamos hipotecarios que establecen los bancos y que, en caso de incumplimiento, acaban en la ejecución forzosa del desalojo.
TRANSPARENCIA EN LOS CONTRATOS Y PRECIOS
El nuevo texto legislativo contempla la transparencia en los contratos y precios, así como las comunicaciones y publicidad comercial destinada a la ciudadanía y la introducción del arbitraje y la mediación para solucionar los posibles conflictos con las entidades financieras.
La Junta pretende con esta iniciativa, que complementa a la actual Ley de Consumo autonómica, "dar un paso más" en la defensa de los derechos e intereses económicos y sociales de las personas consumidoras y usuarias en relación con la suscripción de créditos o préstamos garantizados mediante hipoteca sobre la vivienda.
