La Cámara de Cuentas considera que la Junta de Andalucía "obvia" la aplicación de los principios de "igualdad, transparencia, concurrencia y objetividad" en todas las líneas de subvenciones para el fomento del empleo al concederlas "a través del régimen de concurrencia no competitiva a pesar de que la Ley General de Subvenciones establece como regla general de concesión el procedimiento de concurrencia competitiva".

   Así figura en las conclusiones del informe de fiscalización de las subvenciones concedidas en 2009 para la actividad de fomento del empleo y seguimiento de las recomendaciones incluidas en el informe del año 2004 relativo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), difundidas este viernes por la propia Cámara de Cuentas.

   El órgano fiscalizador también detecta en el informe la ausencia de "criterios objetivos y baremados" en las ayudas de la Junta a escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo que sean "aplicables en todas las direcciones provinciales, para realizar las propuestas de los proyectos incentivables y determinar el importe de la ayuda".

   Junto a ello, la Cámara de Cuentas señala "incidencias" en el plan de medidas extraordinarias para la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de empleo (Plan Memta) como que "en el 62,5 por ciento de los expedientes no consta documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos del proyecto y en el 93,8 por ciento de las personas destinatarias", así como que "la solicitud se presenta fuera de plazo en el 31 por ciento de los casos y en el 18,8 por ciento se incumple el plazo previsto para presentar la justificación".

   El informe de la Cámara de Cuentas señala que en 2009 se tramitaron 25.377 expedientes de subvenciones destinadas al fomento del empleo por importe de 420,6 millones de euros, si bien a finales de 2011 "solamente la tramitación del 7,46 por ciento se encontraba finalizada (1.893 expedientes por importe de 40,9 millones de euros)".

   La Cámara de Cuentas ha seleccionado para este informe una muestra de 121 expedientes, que representa el 22 por ciento de la cuantía de los expedientes, abarca a siete de las diez líneas de subvenciones existentes y afecta a 105 beneficiarios diferentes.

   Asimismo, ha querido evaluar la influencia que tienen los informes de la Cámara de Cuentas en la mejora de las prácticas de gestión de los entes públicos y, de esta manera, ha realizado el seguimiento de las recomendaciones del informe de determinadas aéreas del SAE, referido a 2004 y aprobado por el Pleno en mayo de 2007.

SAE NO APORTA UN EXPEDIENTE DE 1,9 MILLONES A UGT-A

   Si bien, la Cámara de Cuentas ha apuntado como una limitación al alcance del informe que el SAE no ha puesto a su disposición un expediente por un importe de 1,95 millones de euros correspondiente a una subvención concedida a la Unión General de Trabajadores en Andalucía, lo que "ha imposibilitado revisar su adecuada justificación y liquidación".

   En relación con el presupuesto, área general y control interno, la Cámara de Cuentas ha detectado diversas debilidades de control interno en relación con el aplicativo de gestión de las ayudas para el empleo (PAGE), ocasionadas principalmente por la falta de actualización de los datos que obran en el mismo. De esta manera, la información "carece de fiabilidad, integridad y coherencia, no garantizando una explotación eficaz de la misma".

   Además, recomienda que se reconsidere el criterio empleado para la imputación presupuestaria de las subvenciones para el fomento del empleo, teniendo en cuenta que la naturaleza de las operaciones que financian es mayoritariamente corriente.

   También aconseja establecer indicadores estratégicos, de contexto y de evaluación, que permitiesen medir la repercusión de las subvenciones en un horizonte temporal más amplio, en la línea de los establecidos para los fondos estructurales de la Unión Europea.

   La Cámara de Cuentas también ha detectado casos con retrasos de "más de dos años" en el tiempo que transcurre entre la solicitud de la ayuda y la resolución de la subvención otorgada por el SAE y el tiempo medio excede de los plazos establecidos.

ELABORAR INSTRUCCIONES PARA DIRECCIONES PROVINCIALES

   Respecto a las ayudas a escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo, recomienda la elaboración de criterios concretos, objetivos y baremados que permitan la homogeneización de la valoración de las propuestas de los proyectos incentivables entre los distintos órganos gestores.

   Asimismo, el ente insta a la Junta de Andalucía a elaborar unas instrucciones aplicables en todas las direcciones provinciales que garanticen la estandarización y homogeneización de los procedimientos en la gestión de estas ayudas. Además insta a ampliar el horizonte temporal considerado a efectos de la determinación de la inserción laboral con objeto de realizar un seguimiento a medio plazo.

   También recomienda la estandarización para todas las provincias de unos criterios objetivos y baremados para la selección del personal directivo, docente y de apoyo, así como de los alumnos trabajadores.

   De igual manera, aconseja que en las facturas de gastos presentados como justificantes se identifique el expediente o proyecto subvencionado, de forma que se garantice que cada factura está asociada a un expediente.

SEGUIMIENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL

   Respecto a las ayudas para el fomento de la empleabilidad, señala que la normativa no regular el proceso selectivo del personal y de los alumnos participantes en los proyectos y ha detectado la ausencia de documentación acreditativa de que la selección de los trabajadores se haya efectuado mediante oferta a través del SAE, gastos de periodos no elegibles y solicitudes extemporáneas en el 33,3 por ciento de los casos.

   En cuanto a las ayudas al Empleo Estable y Plan Más Autónomo, en el caso de ayudas a grandes empresas, la orden reguladora no especifica la cuantía de la ayuda por cada contratación indefinida según el colectivo de pertenencia del trabajador. Además, la Cámara de Cuentas ha comprobado la permanencia de 59 contratos incentivados y en dos casos, los trabajadores habían causado baja en las empresas subvencionadas, cuando la normativa establece la continuidad durante cuatro años, por lo que el SAE ha exigido el correspondiente reintegro.

   En las ayudas de Interés General y Social, la Cámara de Cuentas destaca la falta de unos criterios objetivos y ponderados para la selección de los proyectos incentivables y señala que las resoluciones de concesión prevén plazos de ejecución para los proyectos que resultan "inviables", lo que provoca el reintegro de las cantidades por la parte no ejecutada.

   También ha destacado que no se realiza seguimiento de la inserción en el mercado de trabajo de los participantes en los proyectos, aunque la norma establece como uno de los criterios preferentes de selección de los proyectos la acreditación de un mayor nivel de inserción laboral.

"NO SE HAN SUBSANADO LAS DEFICIENCIAS"

   En cuanto a la evaluación del seguimiento de las recomendaciones de la Cámara de Cuentas, el informe concluye que "no se han implantado, ni se han subsanado las deficiencias detectadas en el informe objeto de seguimiento en relación con el área de personal y las ayudas para el fomento del empleo".

   Por último, el ente ha detectado incumplimientos de plazos de presentación de la justificación que alcanzan retrasos de más de cuatro años, retrasos en el inicio de la actividad, ausencia de toda la documentación justificativa y errores y retrasos en la contabilización de las ayudas, en la revisión de los expedientes que no habían finalizado su tramitación a la terminación de los trabajos de campo del informe anterior.