Alaya ha señalado a Fernández como “ideólogo” del convenio firmado en 2001 por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para canalizar las ayudas y ha afirmado que todas las concedidas son “nulas de pleno derecho” por vulneración del artículo 39 de la Ley de Hacienda Pública de Andalucía, al carecer de cobertura presupuestaria.
Entre otros hechos, le ha acusado de autorizar un ERE en las bodegas González Byass, donde Fernández trabajó, “para beneficiarse a sí mismo”, de “demostrar una absoluta falta de diligencia en la entrega de dinero a aseguradoras de dudosa solvencia” y de ser “corresponsable del uso abusivo y descuidado del dinero público”, según informaron a los periodistas abogados personados en la causa.
Alaya también sugirió que Fernández permitió una entrega de ayudas que “favorecieron claramente” a su ciudad natal de Jerez frente a otras, y que renunció a una ayuda de 400.000 euros en la bodega González Byass al conocer que ya estaba en marcha este procedimiento judicial, en el que está imputado junto a otros ex altos cargos de la Consejería andaluza de Empleo y medio centenar de “intrusos” que nunca trabajaron en las empresas acogidas a un ERE.
Según la imputación, Fernández fue el “autor intelectual” de lo que la juez ha denominado “sistema operativo” de las ayudas investigadas, que se repartían de forma arbitraria y sin control, y ni siquiera se crearon las obligadas comisiones de seguimiento. En concreto, según los abogados personados, la magistrada afirma que las ayudas se daban a empresas relacionadas con la Junta o con el PSOE andaluz y ha citado los casos de hijos del exconsejero José Antonio Viera y del dirigente socialista José Caballos, que fueron contratados en empresas de la Sierra Norte de Sevilla destinatarias de las ayudas.
También afirmó que Fernández tuvo que ser “conocedor” o al menos “consentía por desidia” las ayudas irregulares, con independencia de que se destinaran a comprar cocaína -como presuntamente hacía el exdirector general Francisco Javier Guerrero-, a “lucro personal” o a otros “usos ilícitos”. Además, citó que Fernández vulneró la Ley de Incompatibilidades al ser diputado andaluz y presidente del consejo regulador del Jerez.
En el interrogatorio tras la lectura de las imputaciones, el exconsejero afirmó que el sistema de ayudas “era legal y lo sigue siendo” y ha defendido su eficacia al ser más operativo para ayudar a trabajadores y empresas. El sistema de transferencias de financiación, implantado en 2001 cuando Fernández era presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), no tenía por objeto evitar la fiscalización de los órganos de control, sino que permitía una “mayor globalidad a los objetivos del consejo de gobierno para ayudar a trabajadores, empresas en crisis y a zonas de Andalucía”, declaró.
Según Fernández, todo el consejo de gobierno de la Junta conocía el sistema “porque no había nada ilegal” y el mismo mes en que se firmó el convenio-marco ya se acordó una primera transferencia de 13.000 millones de pesetas (78 millones de euros). También respondió que se enteró por el entonces viceconsejero Agustín Barberá -también imputado- de los reparos que la Intervención General de la Junta puso en el año 2005 a este sistema de ayudas, y pese a ello “consideraron que seguía siendo viable”, según Fernández, quien precisó que, de haber conocido nuevos informes en contra, “lo habría seguido aplicando”. Asimismo, reconoció que no se pidió ningún asesoramiento al Gabinete Jurídico de la Junta para implantar el sistema.
Fernández, que fue consejero entre 2004 y 2010, es el segundo alto cargo que comparece ante la juez Mercedes Alaya, aunque también está citado el 26 de julio el exdelegado de su Consejería en Sevilla Antonio Rivas y han sido imputados el exviceconsejero de Empleo entre 2004 y 2010 Agustín Barberá; el director general de Trabajo entre 2009 y 2010, Juan Márquez, y su sucesor y actual titular en funciones, Daniel Alberto Rivera.
Reacciones
El consejero de Empleo en funciones de la Junta de Andalucía, Manuel Recio, ha señalado este viernes ante la declaración del exconsejero de Empleo Antonio Fernandez ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla Mercedes Alaya que investiga la presunta trama en relación al caso de los ERE fraudulentos, que el posicionamiento del Gobierno andaluz es de "luz y taquígrafos caiga quien caiga".
En declaraciones a los periodistas momentos antes de entregar los premios de la IV Semana de Escultura Rural en Mármol en la Universidad de Almería, Recio ha señalado que desde la Junta se espera que se arroje "cuanta más luz mejor" para "aclarar todas las cuestiones" relativas a este caso.
"Lo hemos dicho en numerosas ocasiones y da igual cuál sea el proceso", ha dicho el consejero en funciones andaluz, quien ha expresado el deseo de los ciudadanos de que "se sepa toda la verdad y cuanto antes, que los responsables paguen" y que "recuperaremos hasta el último céntimo que haya sido mal utilizado".
Recio se ha pronunciado antes de conocer que la juez ha imputado un total de seis delitos al exconsejero de Empleo al considerar la magistrada que era conocedor de que las ayudas investigadas se daban de manera "irregular", todo ello "con independencia de que se gastaran en cocaína o en la compra de fincas". A Fernández se le imputan cuatro delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones y negociación prohibida a funcionario, así como otros dos delitos de cohecho y falsedad en documento mercantil.
PP-A pide a Fernández que aproveche su comparecencia para "tirar de la manta" y decir "quién es la X" del caso ERE
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha reclamado este viernes al exconsejero de Empleo Antonio Fernández que aproveche su comparecencia ante la juez que instruye el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), Mercedes Alaya, para "tirar de la manta" y decir "quién es la X" en este caso.
En rueda de prensa, Sanz ha manifestado que este viernes no comparece "cualquiera" en calidad de imputado ante la juez Mercedes Alaya, sino que se trata de alguien que fue consejero de Empleo con Manuel Chaves y con José Antonio Griñán y que lo "sabe todo" de este caso.
En este sentido, le ha reclamado que aproveche esa comparecencia para decir "la verdad y toda la verdad", ya que, si no lo hace, corre el riesgo de que tenga que "apechugar él solo con lo que sabe y todo el mundo intuye que no hacía solo".
"Que tire de la manta porque él lo sabe todo; que diga las instrucciones que recibía y quien diseñó todo esto y para qué. Sabe quién es la X en el caso de los ERE", ha señalado el dirigente popular.
Ha insistido en que Fernández se juega mucho en esta comparecencia y que, por ello, debería decir toda la verdad porque él sabe por qué se montó todo este asunto, los beneficiarios externos del fondo de reptiles, el papel de los intermediarios y el destino final de las comisiones presuntamente ilegales que se pagaban con el fondo de reptiles.
"Si no quiere ser el cabeza de turco, tiene la obligación ética, moral y política de tirar de la manta", según ha sentenciado Antonio Sanz, para quien Fernández tiene que contar de una vez quién estaba en esa dirección política en el caso de los ERE y quién impulsó el fondo de reptiles.
Para Sanz, esto ya no es una cuestión de "cuatro golfos" ni de un director general de Empleo que supuestamente se gastaba el dinero en cocaína, sino que estamos ante la imputación de un exconsejero de Empleo. "Los andaluces se merecen que alguien les diga ya la verdad", según ha apuntado.
Ha indicado que si Antonio Fernández decide "asumir toda la carga delictiva de los ERE, allá él, pero él sabe que llegó y se encontró un sistema".
